Así como trajo prosperidad económica y un cambio de paradigma en el país, la hidroeléctrica Itaipú produjo a su vez el desplazamiento de muchas comunidades indígenas que hasta el día de hoy siguen luchando por sus tierras, también la inundación y desaparición de grandes territorios y el enriquecimiento de una claque que goza hasta la fecha de estos beneficios.
Anualmente la Codehupy emite un informe sobre la situación de Paraguay respecto a los derechos humanos, este año tomaron como tema central la representación histórica de la construcción de Itaipú, que marcó un antes y un después en la memoria paraguaya.
Oscar Ayala, secretario ejecutivo de Codehupy explicó que tomaron como eje central a Itaipú aprovechando la repercusión que obtuvo el acta bilateral en la arena política y social, esto hizo que el debate se tornara una causa nacional y en ese marco se aprovechó para mostrar el otro lado de la moneda.
“Sería bueno tener en cuenta que Itaipú no solo tiene que ver con soberanía energética, sino también con un pasado sobre el cual tenemos que reflexionar y que tuvo que ver con los impactos negativos de su construcción”, expresó Ayala.
Unas de las consecuencias que generó la represa fue la desaparición de los Saltos del Guairá, el desalojo de más de 30 comunidades indígenas, la apropiación de la corrupción de las riquezas que generó Itaipú, que fue el principal sustento económico de la elite política de Stroessner, durante su dictadura, citó Ayala.
“Itaipú para nosotros, en el contexto de este informe y en términos de derechos humanos, es también memoria histórica, además de aquella discusión que tiene que ver con el acta, el tratado 2023 y el futuro del país”, remarcó.
Por otro lado, el documento consta de nueve ejes que hablan de las situación de los derechos del medioambiente, educación, salud, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas privadas de su libertad y la comunidad LGTBI.
DERECHOS AMBIENTALES
En el aspecto del medioambiente, además del tema central de Itaipú, el informe resalta la carencia absoluta en Paraguay de concretar los derechos conculcados por el uso indiscriminado de agrotóxicos ante tribunales específicos, como el caso de la colonia Yerutí, en Canindeyú.
En agosto, una sentencia más sumó el país con el fallo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas quien hizo responsable al Estado de la muerte de Rubén Portillo por el uso indiscriminado de agrotóxicos en la zona.
ACUERDO DE ESCAZÚ
El polémico acuerdo regional firmado en septiembre de este año, fue retirado del Congreso para su análisis de ratificación por la oposición de sectores productores y eclesiásticos. Este tratado sería el primer pacto ambiental internacional que plantea mecanismos de protección a las personas defensores del ambiente.
Ayala indicó lamentable la decisión del gobierno, atendiendo la importancia de permitir y ampliar las garantías en torno al acceso a la información pública relacionada a las cuestiones ambientales, como también a la protección de los defensores del medioambiente.
“Creemos nosotros que esto básicamente se conecta con los intereses del agronegocio, del empresariado vinculado a la soja, la ganadería y a sectores económicos”, refirió.
Así también, manifestó que estos mismos actores son los responsables de generar las condiciones para muchas de estas violaciones, por ello se preocupan de hacer un lobby con el Estado para que sus intereses no se vean perjudicados.
“Nuestro gobierno infortunadamente ha cedido a este tipo de pretensiones desconociendo y comprometiendo la responsabilidad internacional de nuestro país en esta materia”, añadió Ayala.
El acuerdo de Escazú tiene en otro de sus puntos la protección de los defensores medioambientales. Según el informe de la Codehupy, la colonia Mariscal López, del distrito de Capiibary es un ejemplo de las represiones hacia las personas de defienden el ambiente. Solo en el 2019 fueron sometidas a proceso penal al menos 37 personas luego de protagonizar acciones de protesta contra la plantación de soja y las fumigaciones al interior del asentamiento campesino.
Otro caso no tan alejado de la ciudad fue la obra del Botánico, del que el sector medioambiental está en contra de su realización por las consecuencias medioambientales que traerá. Durante casi un mes de protestas sus voces no fueron escuchadas, e incluso varias personas fueron reprendidas.
El pasado 10 de diciembre se hizo el lanzamiento de este informe que aborda distintas aristas y acontecimientos que sucedieron durante este año que atentaron contra los derechos humanos, como el ataque en una marcha LGTBI en Hernandarias, la deforestación indiscriminada en el Chaco, la desigualdad socioeconómica, la inasistencia de los pueblos originarios con una ministra que no los representaba, los desalojos y los diferentes atropellos.
Así también, Guillermina Kanonnikoff, activista por los derechos humanos, expresó que la tarea de la sociedad civil es seguir exigiendo el cumplimiento, control y monitoreo de estos derechos.
“La misión es dejar un legado de la memoria histórica de que Paraguay todavía tiene una deuda impresionante, la sociedad necesita conocer cómo está el país en temas de derechos humanos”, expresó Kanonnikoff durante el lanzamiento de este documento que posee más de 600 páginas de contenido que desviste las desigualdades que viven los sectores más vulnerables.
“Sería bueno tener en cuenta que Itaipú no solo tiene que ver con soberanía energética, sino también con un pasado sobre el cual tenemos que reflexionar y que tuvo que ver con los impactos negativos de su construcción”.
OSCAR AYALA. SECRETARIO EJECUTIVO DE CODEHUPY
“La misión es dejar un legado de la memoria histórica de que Paraguay todavía tiene una deuda impresionante, falta conocer cómo está el país en temas de derechos humanos”.
GUILLERMINA KANONNIKOFF
ACTIVISTA POR LOS DERECHOS HUMANOS.
DATO 1: La construcción de la represa de Itaipú produjo la reubicación de 534 familias de 35 comunidades indígenas.
DATO 2: El acta de Itaipú firmado en mayo de este año generó el inicio de varias destituciones, renuncias e inestabilidad política.
