Evidentemente uno de los flacos favores que hemos dado en democracia los ciudadanos es no haber querido construir una institucionalidad judicial fuerte, autónoma e independiente.
El debate en torno a la Fiscalía General del Estado no es una muestra más, es la que debe investigar y acusar a personas que vayan en contra de los intereses de otras personas; es el Ministerio Público, fuertemente degradado por las dos últimas administraciones la de Díaz Verón y la de Sandra Quiñones, el primero ya ha purgado incluso penitenciaría, la segunda podría superar todos los juicios políticos pero le esperará la misma situación y condición cuando acabe su mandato en marzo del próximo año.
El daño institucional es enorme y se reproducen en los niveles inferiores de la administración del Ministerio Público, en donde podemos ver que nada les importa toda vez que tengan el maridaje con el político de turno que les permita seguir operando con graves daños estructurales al Estado de Derecho.
No merecemos -los paraguayos- una mejor justicia; algo de la que realmente nos sintamos orgullosos y respaldados cuando tengamos algún conflicto que amerite una decisión en ese estadío.
En la condiciones actuales, Sandra Quiñónez podría zafar del juicio político, pero posteriormente una justicia que esté igualmente sobornada a otros intereses puede terminar en una grave injusticia sobre su persona, confirmando aquello de que el hacha termina cayendo por los propios pies de aquél que los obtuvo de forma injusta.
