La Gobernación de Concepción se encuentra en la mira desde hace tiempo por presuntas irregularidades denunciadas siempre por los concepcioneros, la discrecionalidad del manejo de los fondos públicos, que finalmente se ven evidenciadas y detectadas tras una auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República (CGR), y cuyo informe final fue presentado ahora, en octubre.
La auditoría realizada comprende el ejercicio fiscal 2018, que tuvo a dos gobernadores como administradores de los bienes de la Gobernación norteña, primero el colorado Ricardo Paredes González, que completó el mandato del actual diputado Luis Urbieta hasta el 16 de agosto del 2018, y luego al político liberal y actual gobernador, Édgar Idalino López Ruiz, quien se encuentra al frente desde el 17 de agosto del 2018.
En primer lugar, se encontró una diferencia de G. 12.041.062.139, que representa el 11% del total de activos de la Gobernación, tras los análisis del saldo del balance general de la cuenta bancaria con el saldo del Libro Mayor. Esta diferencia se encontró al cierre del 31 de diciembre del 2018.
El equipo auditor encontró que según balance de bancos registraba G. 14.173.505.026 y según el Libro Mayor el saldo era G. 2.132.442.887.
Otro de los puntos llamativos es que la Gobernación de Concepción no realizó una baja de inventario de las obras de uso público realizadas en predio ajeno o de otras entidades. Esta situación generó que la cuenta de activo fijo, activos de uso público, exponga inadecuadamente en el Balance General un saldo de G. 60.294.857.677, que representa el 50% del total de activos, sin tener en cuenta lo que establece la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado.
Además, la administración tampoco realizó la baja de inventario de “activos de uso institucional” por G. 2.020.871.220, que sumados representa el 1,69% del activo total que deben ser depurados en el Balance General.
En este sentido, la anterior administración y la actual respondieron que se encuentran realizando “la depuración” de las cuentas.
Uno de los puntos importantes a entender es que la Ley de Administración Financiera del Estado establece en el artículo 56 de contabilidad institucional, que las unidades institucionales de contabilidad deberán desarrollar y mantener actualizado su sistema contable; mantener actualizado el registro de sus operaciones económico-financieras; preparar, custodiar y tener a disposición de los órganos de control interno y externo la documentación de respaldo de las operaciones asentadas en sus registros; y mantener actualizado el inventario de los bienes que conforman su patrimonio, así como la documentación que acredite el dominio de los mismos.
En este sentido, la Contraloría General de la República cuestionó que en la Gobernación de Concepción no existe un registro adecuado de las operaciones, y que esto se debe de ajustar a las normas legales y poder exponer adecuadamente los saldos al cierre de cada ejercicio fiscal en el balance general. Es decir, actualmente, se administran por encima de la ley al arbitrio del mandamás de turno.
DISCRECIONALIDAD
Esto se denota además en que se detectó en el análisis que la Gobernación de Concepción realizó transferencias entre cuentas y erogaciones que no se encuentran establecidas en las normas legales de Administración Financiera del Estado.
Hubo un movimiento entre cuentas de G. 3.390.800.000 durante todo el ejercicio fiscal 2018. Esto se realizó en los meses febrero, marzo y julio, con transferencias de la cuenta bancaria de recursos propios, royalties, alimentación escolar a recursos del tesoro, también de juegos de azar y de Fonacide.
En este punto, según la Contraloría, cada proyecto o programa debe de ser financiado por los recursos correspondientes, y este manejo informal de los recursos se detectaron sobre todo en la administración de Paredes. Según las investigaciones, estos movimientos supuestamente se realizaron para pago de funcionarios y pagar a proveedores.
CIFRAS
G. 3.390.800.000 movió entre cuentas la Gobernación de Concepción, como un bicicleteo constante con los fondos públicos.
G. 12.041.062.139 es la diferencia detectada por el equipo auditor al analizar saldos bancarios y los libros.
