Para que la economía entre decididamente en una etapa de mayor formalización es imprescindible que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) vean su atractivo y entren paulatinamente en el proceso.
Pero será difícil que lo logren si siguen careciendo de fuentes de financiación más elásticas y que no sean salvavidas de plomo.
Una herramienta que funciona en muchos países son las garantías mobiliarias que habilitan una considerable cantidad de bienes de ese tipo disponibles en las mipymes. Sin embargo, por el momento, ese patrimonio no es computable como garantía por falta de una ley específica.
“Los activos de las empresas en los países en desarrollo están compuestos en un 22% por propiedades inmobiliarias, 34% por cuentas a cobrar y un 44% en vehículos, maquinarias y equipos. Ahora bien, mientras un 78% de los activos de las empresas son bienes muebles, las instituciones del sistema financiero exigen en un 73% de casos, que las garantías otorgadas sean inmuebles”.
Este párrafo está contenido en el proyecto de ley de garantías mobiliarias radicado en la Cámara de Senadores en 2018 y enviado a comisión en marzo del año pasado. Es un grueso legajo de 169 artículos y 65 páginas que define y “regula las garantías mobiliarias y crea un régimen unitario y simplificado para su constitución, oponibilidad, prelación y ejecución”.
Aparte de la definición de los bienes muebles que pueden funcionar como garantías, la ley prevé la creación de un registro del cual el Ministerio de Justicia será su entidad supervisora “la cual deberá aprobar y poner en vigencia un reglamento en el que se regulará todo lo concerniente a su organización, funcionamiento, procedimientos, tasas registrales y todo lo que fuere necesario para su operación”.
Existiendo la figura de la garantía mobiliaria y el registro que las regule con todas sus competencias, las mipymes –el 93% de las unidades productivas, responsables del 61% del empleo- estarán mejor preparadas para ingresar a la formalidad y bajar las tasas de mortalidad que las afectan en sus primeros cinco años de desarrollo.
La extensión y complejidad del proyecto están dándole largas al tema en el Senado. Sería bueno que los honorables pongan el pie en el acelerador, teniendo en cuenta el tendal de quiebras de mipymes que está dejando la pandemia.
