El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) realizó un informe tras una serie de cruce de datos, finalmente confirmó que el subsidio de G. 500.000 para personas en situación de extrema pobreza alcanzó por lo menos a 121 funcionarios públicos que a la vez siguen cobrando sus salarios normalmente.
En la investigación se encontró coincidencia en el listado de Ñangareko, las bases de datos del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de la Función Pública en 121 ocasiones, 12 de ellos son permanentes y los otros 109, son funcionarios contratados. Unas 76 personas perciben más de G. 1.100.000 mensuales, los demás serían funcionarios de menor rango, con ingresos inferiores a este monto. Todos ellos se exponen a sanciones de índole penal.
En el listado aparecen casos en los que solo en el mes de marzo algunos funcionarios percibieron G. 21 millones y al mes siguiente se inscribieron para percibir este subsidio para personas en situación de extrema pobreza, o el caso de funcionarios con años de antigüedad trabajando en altas dependencias estatales que también se apoderaron de una ayuda en detrimento a personas realmente vulnerables.
LISTADO
Según el portal de la institución, la lista completa de estos funcionarios con sus datos y las instituciones a las cuales pertenecen fue entregada a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) para su investigación correspondiente. El número de expediente es 9399, y cualquier ciudadano interesado puede hacer el seguimiento correspondiente.
También afirmaron que un 43% de los organismos y entidades del Estado no están al día con la entrega de sus datos a la Secretaría de la Función Pública (SFP)
Es debido a esto que estos casos fueron detectados recientemente, tras la actualización de nóminas de funcionarios entregadas a la SFP. No se pudo detectar antes porque las instituciones públicas no habían entregado en tiempo y forma dichos datos.
CLIENTELISMO POLÍTICO
Desde el Instituto aseguraron que si bien hay varios casos de funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de agentes de la Policía Nacional, se puede ver que la mayoría son funcionarios de gobiernos municipales con relativamente bajos salarios. Estos habrían visto complementado sus ingresos con un cobro indebido, muy posiblemente alentado o tolerado por las autoridades locales, revelando la vigencia del esquema de clientelismo político tan arraigado en el país, destacaron.
Finalmente, explicaron que existen 177 instituciones públicas de diversos niveles, incluidas las binacionales Itaipú y Yacyretá, que no entregan o tienen retrasos significativos en publicar y entregar a la SFP las nóminas de salarios. De estas, 33 son municipalidades, lo que indica que la situación realmente puede ser peor. La ley 5189/14 establece sanciones de multa para esos casos de incumplimiento; sin embargo, no se conocen casos en las que se haya aplicado tales multas.
