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Fui enjuiciado ilegalmente y atacado injustamente. Ayer presenté una demanda contra los responsables.

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Escribo en primera persona porque me gustaría contar que ayer presenté una demanda contra fiscales que me imputaron y acusaron falsamente por hechos ocurridos antes de asumir un cargo público en el 2009. Años después un tribunal me absolvió de la causa, pero los ataques denigrantes hasta ahora siguen.

El caso es conocido como «coquitos de oro». En esa ocasión me acusaron por «sobrefacturar» coquitos, pero los fiscales no tuvieron en cuenta que los hechos ocurrieron antes de mi designación al cargo, luego un tribunal me absolvió y ahora busco el esclarecimiento total del caso.

Fuente: Sentencia Nº 152 del 26 de junio de 2020

Durante 11 años convirtieron en rehén de la justicia. Sólo en el Twitter existen más de 3450 referencias difamatorias en mi contra. Cuando este año expuse a personas vinculadas a narcotráfico y contrabando fue cuando más recibí hostigamiento y ataques denigrantes.

Fuente: Twitter

Incluso el 4 de marzo de 2022 ya cuando me absolvieron en el caso, el propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez se encargó de atacarme llamándome «coquitos de oro» en un programa de radio, luego de una publicación mía sobre contrabando que involucraba a su hermano.

Aclaro que la demanda no tiene motivaciones meramente económicas, si no más bien busco el esclarecimiento y la verificación de existencia de responsabilidades personales y solidarias de quienes se embarcaron en esta trama judicial sin precedentes que realmente ha dañando a mi persona.

Si la demanda prospera, la jueza debe fijar una cuantía por los daños causados y una eventual compensación por el caso judicial que nunca debía haberse iniciado. A continuación voy explicar la historia completa de como me convertí en rehén del sistema judicial durante 11 años:

Esta historia se inició en el año 1997, a mis 13 años dejé mi comunidad natal del Departamento de Canindeyú y salí a buscar oportunidades de trabajo y estudio. Propósitos que oportunamente pude realizar, terminando la educación secundaria e incluso una carrera universitaria en Asunción.

Esta historia también está cargada de sueños por país mejor, cuando ante las necesidades económicas durante el gobierno de Duarte Frutos, casi un integrante de cada familia había a España para trabajar, no pude quedarme con los brazos cruzados.

Por eso inicié mi activismo político en el 2006 y participé de la campaña «que viajen ellos». La misma hacía alusión a que son los políticos como Galaverna y Nicanor quienes debían viajar y no nuestros seres queridos. Esa campaña la hicimos por la red social más popular de ese entonces; Orkut, repartiendo afiches casa por casa y realizando pegatinas en todo el país.

En el 2008 la oposición se impuso por primera vez al Partido Colorado y la esperanza de muchos paraguayos creció aún más. En esa época, yo me desempeñaba como docente de un colegio privado. A inicios de 2009 recibí una invitación para ocupar un cargo de confianza en la Secretaría de Emergencia de Nacional.

En ese tiempo, se había declarado emergencia nacional por la sequía que azotaba al país y la SEN debía atenderla. Paralelamente, algunos diputados denunciaron en la fiscalía irregularidades contra las autoridades de la SEN. Los denunciantes fueron los diputados Tuma y Soler.

Posterior a esta denuncia de diputados asumí el cargo de director de la UOC de la SEN el 23 de septiembre de 2009; días antes un fiscal derivó la denuncia a la Contraloría en base a un dictamen que concluía que no existían pruebas y que no ameritaba abrir una causa.

Aparentemente la causa ya estaba desestimada, pero en febrero de 2010 la reabrieron y entró en escena Arnaldo Giuzzio, allanando 14 veces la SEN sin encontrar nada. Por cierto, en el juicio en mi contra no utilizaron un sólo documento secuestrado en los allanamientos.

La imputación en el 2010 en mi contra no tenía pies ni cabeza. Como dije, Arnaldo Giuzzio realizó 14 allanamientos, pero finalmente me imputó comparando los precios de coquitos comprados por la SEN con un presupuesto del Centro de Panaderías, esa diferencia de precio para Giuzzio constituía delito.

Acta de imputación donde compararon precio de Centro de Panaderías con precios de la SEN

A modo de ejemplo voy a citar tres casos en los que Arnaldo Giuzzio cometió claramente daño patrimonial cuando fue ministro sobrefacturando varios productos, superando los precios históricos de la institución y no una simple comparación de precios del centro de Panaderías que utilizó en su momento para imputarme:

Giuzzio sobrefacturó en compra de «vaka’i de oro». Siendo ministro del interior pagó 127% más del precio de la institución, pagando G. 18.250 por unidad. Fíjense que no estoy comparando con el precio del Abasto sino con el histórico del mismo ministerio.

Otro caso que voy a usar como ejemplo es el «pate de oro», que compró Giuzzio siendo ministro de la Senad, cuando terminó pagando G. 20.000 por unidad, sobrefacturando 363% más que la última compra de la institución. Mientras en Luisito se vendía a G. 7.125.

El último caso ocurrió recientemente; Giuzzio compró «pistolas de oro», superando al precio histórico del Estado Giuzzio no está imputado, procesado ni investigado, aunque estas comparaciones las hice analizando los precios históricos y no comparando con precios del Centro de Panaderías o algún colectivo de comerciantes puntual.

Es decir, la forma correcta para determinar un indicio de daño patrimonial es comparando precios que paga cada institución según determinadas condiciones, NO comparando con precios del Mercado de Abasto o el centro de panaderías en circunstancias totalmente distintas, desde la forma de pago, de entrega, hasta las condiciones de mantenimiento de los productos.

En ese entonces, la pericia determinó que era inaceptable comparar precios ofertados en el mercado con los precios ofertados por los proveedores al Estado, por las propias exigencias que tiene el vender al Estado, confirmando así la pericia que no existió daño patrimonial.

Pericia Técnica

Luego de las observaciones de la pericia y vulnerando mis derechos, la fiscalía modificó la imputación original e introdujo nuevos elementos a la acusación. En la misma utilizaron un presupuesto de coquitos de la empresa Supermas, que fue entregado por el exdiputado Oscar Tuma. Este presupuesto, lejos de ser real, fue armado específicamente para argumentar una imputación sin sentido.

Utilizaron un presupuesto de coquitos de la empresa Supermas, que fue entregado por el exdiputado Oscar Tuma.

Lo peor de todo fue que la fiscalía me llevó a juicio por el supuesto hecho de compras de coquitos cuando yo ni si quiera era director de la UOC. Me plantaron hechos que ocurrieron desde el 25 de mayo de 2009, siendo que mi designación se hizo recién el 23 septiembre de ese año.

Resolución de mi designación fue posterior a los hechos que me acusan

Como si fuera poco, la fiscalía otorgó sobreseimientos a dos exadministradores de la SEN con dudosa credibilidad. Se trata de Ana González y Gonzalo Deiró, ambos reconocieron que falsificaron facturas, pero salieron libres y el Ministerio Público los utilizó como testigos en mi contra.

Una acusación que se repite constantemente es la de «chicanero», pero no saben que una sola vez presenté una recusación, que fue resuelta de inmediato. En otra ocasión suspendieron mi audiencia porque mi abogada no estaba en país. Durante el juicio presente otros pocos incidentes y todos resolvieron en menos de 24 horas. Nunca fue intención mía ni de mi defensa dilatar el proceso, al contrario, buscaba que el mismo tengo un final definitivo lo antes posible, permitiéndome así poder continuar con mi vida.

Incluso el 4 de mayo de 2020 solicité a la dirección de auditoría una revisión sobre las supuestas «chicanas». Sólo a modo de ejemplo se puede ver que la causa estuvo parada por casi dos años en la sala constitucional sin que las autoridades resuelvan una acción pendiente.

Sobre esta situación, la de las moras judiciales y los casos que pueden prescribir solicité estadísticas a la Corte Suprema de Justicia sobre todos los casos judiciales que podrían prescribir en el 2022. La contestación fue por medio de un dictamen que indicaba que es de imposible cumplimento dar una respuesta.

Los coquitos nunca fueron de oro y eso lo confirmó la pericia al revisar que otros ministerios estaban pagando más que la SEN por el mismo producto y que nuestro precio promedio era incluso más bajo que el de otras instituciones, y principalmente, que era improcedente comparar con precios del Centro de Panaderías.

Precios de otras instituciones comparando con los adquiridos por la SEN.

Finalmente lo cierto y lo concreto es un tribunal me absolvió porque no existió daño patrimonial, además los hechos de las supuestas compras sobrefacturadas ocurrieron antes de mi designación al cargo de director de la UOC en la SEN. No había forma alguna de condenarme.

La irresponsabilidad del exfiscal Arnaldo Giuzzio y otros al recurrir a artimañas, plantándome pruebas para imputarme por hechos que «ocurrieron» antes de mi designación al cargo de director de la UOC me valieron años de proceso judicial, gastos, difamación y ataques denigrantes.

Viví un calvario que duró más 10 años, siendo rehén del sistema judicial, mientras veía que la justicia era más que benevolente con narcotraficantes y corruptos, e injustamente implacable conmigo. Esto situación me llevó a publicar más de 300 denuncias e investigaciones para apuntar a los verdaderos delincuentes.

Por eso me propuse ir hasta las últimas consecuencias y dejar en descubierto a quienes operaron en mi contra. No soy funcionario público, no soy candidato candidato a ningún cargo electoral y no voy a callar jamás. El silencio no es mi idioma, así que mientras tenga fuerzas voy a seguir luchando. Por la verdad. Gracias por leerme.

Alfredo Guachiré
Alfredo Guachiré
Alfredo Guachiré es ciberactivista y periodista 2.0. También analista político, consultor de comunicación y activista en internet. Lleva más de 200 investigaciones y publicaciones sobre corrupción, narcotráfico y contrabando. Sus últimas filtraciones revelaron que el diputado paraguayo Juan Carlos Ozorio es presuntamente jefe de una organización narco. El diputado dimitió de su cargo al día siguiente y fue encarcelado. Guachiré vive en Asunción, escribe y colabora con varios medios locales de Paraguay teniendo un blog especial en el periodico El Independiente. Alfredo es autodidacta, egresado de la carrera de trabajo social y especializado en marketing digital. Forma parte del consorcio de periodistas internacionales Forbidden Stories.