Existe una denuncia de irregularidades en la declaración del hermano de Santiago Peña ante la Subsecretaría de Tributación, pero la misma sigue cajoneada en la fiscalía.
El implicado es Manuel Peña, quien realizó compras en Tabesa que no habría declarado al fisco, dejando según informe, indicios de una declaración falsa. El informe que obra en la fiscalía detalla que Manuel Peña habría adquirido cigarrillos en el 2017 de Tabesa, pero en realidad la compra no existiría, ya que solo se facturaron para justificar el movimiento de dinero de origen desconocido.
Manuel Peña Palacios es además presidente de la fundación DEQUENI, organización civil que recibe aportes de varias empresas y que supuestamente se dedica a cuidar y proteger a niños vulnerables, sin embargo el presidente de esta institución habría comercializado cigarrillos de la polémica tabacalera.
Además, Manuel Peña Palacios y su padre José María Peña figuran como síndicos de Bolsa de Valores, donde también figura Eduardo Campos del Banco Amambay, que según investigaciones en Brasil, fue quien entregó USD 500.000 al lavador condenado Darío Messer para su fuga.
Por otro lado, José María Peña también formaba parte de la directiva de Puente Casa de Bolsa, que había intermediado para que las empresas de Messer puedan adquirir bonos del Estado cuando Santiago Peña era ministro de Hacienda, sabiendo que su padre era parte activa de dicha empresa.
El informe financiero obra en la fiscalía y afirma que Manuel Peña, hermano de Santi Peña, habría realizado un «boleteo» o emisión de facturas para realizar simulación de compraventa de cigarrillos, de manera a documentar la producción, que en realidad habría sido enviada de contrabando.
Según reportes de operaciones (RO) recibidos por la UIF- Seprelad y que también figura en el mismo informe financiero, Manuel Peña, hermano de Santi Peña recibió la trasferencia de un vehículo por un valor de USD 10.000 de Tabacalera del Este (Tabesa) el 05 de septiembre de 2017. En ese mismo documento, se señala que Santi Peña, recibió del grupo Cartes casi G. 10.000.000.000 desde el 25/05/18 hasta 23/12/21. Estos pagos podrían tratarse de un financiamiento político ilegal disfrazado, ya que la ley electoral establece límites de donaciones a candidatos.
Este es otro ejemplo que demuestra la inacción selectiva del Ministerio Público, a cargo de Sandra Quiñónez, que sigue ciega, sorda y muda encajonando causas judiciales vinculadas al grupo Cartes y sus aliados como la familia Peña -Palacios. Mientras hasta EE.UU sanciona a Cartes por significativamente corrupto, en la fiscalía no pasa nada.
