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Fiscalía no desaloja a empresario cómo lo hace con los comunes

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La representante del Ministerio  Público, Egidia Gómez Baptista imputó el pasado 7 de agosto a Óscar Bieber Benítez por el hecho punible de producción de documentos no auténticos, donde resulta víctima la señora Paola Giménez Carissimo, quien hasta el no puede disponer de su inmueble porque el empresario a través de documentos apócrifos intenta quedarse con dos terrenos de Villa Elisa.

Aunque la Fiscalía comprobó que los documentos presentados por el empresario  para solicitar servicios de energía eléctrica y agua potable  son de contenido falso, lo que supone que la propiedad no le pertenecía estricto derecho, no procede actuar al cese del hecho antijurídico, figura utilizada por fiscales para procedimientos de invasión de inmueble ajeno.

Recordemos que el empresario de la construcción intenta quedarse con una propiedad a través de marañas judiciales propuestas por su abogado Adolfo Oddone, conocido profesional del derecho que trabaja para el estudio jurídico del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, según denunció el abogado Jorge Puig.

Bieber presentó en la Ande y Essap un supuesto contrato de compraventa firmado por la señora Isidora Fernández, solamente que al momento de la firma esta mujer ya había muerto.

Además, para quedarse con los dos terrenos baldíos, la defensa de Óscar Bieber Benítez utiliza un contrato de cesión de derechos de su cuñado, Livio Manuel Fretes Ucedo, presentado y requerido a través de un juicio de usucapión contra Isidora Fernández.

El juicio fue rechazado, explicó el representante de Giménez Carissimo.

LAS DIFERENCIAS

En mayo del 2019 la señora Giménez Carissimo se percató que sus dos terrenos baldíos, que era la canchita del barrio, fueron amurallados,  y ahora el predio es utilizado como lugar de esparcimiento privado.

Luego de la denuncia la Fiscalía se basa en la presunta falsificación de documentos para instalar comodidades en el predio, donde se construyó un gimnasio, un quincho con parrilla, una cancha, y otras comunidades.

Sin embargo, los denunciantes cuestionan que no se haya realizado el proceso por invasión de inmueble ajeno. De hecho, cuando grupos de sin techos o de escasos recursos ingresan en un predio para ocuparlos y construir sus viviendas, el Ministerio Público abre una carpeta por invasión de inmueble ajeno y procede al desalojo bajo la figura del cese del hecho antijurídico para que los propietarios puedan hacer usufructo.

Incluso, en este caso no hay dudas de la titularidad, porque según información de los registros públicos, la señora Isidora Fernández nunca tuvo un terreno a su nombre, es decir no existe tampoco un juicio civil para determinar la legalidad de la titularidad.

Pero, el Ministerio Público llamativamente no considera que exista invasión de inmueble ajeno, solo producción de documentos de contenido falso, aunque en el terreno ya cuente con edificaciones, con amurallado perimetral. Menos aún se procede al cese del hecho antijurídico, como lo hace con los comunes, y no así con el empresario de la construcción.