Este lunes el Ministerio Público informó sobre la acusación y pedido de juicio oral y público para el senador colorado Rodolfo Max Friedmann por la presunta comisión de hechos punibles como lavado de dinero, administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado y asociación criminal. La causa tiene que ver con las presuntas irregularidades en la licitación de la merienda escolar en el departamento de Guairá, en el periodo en que ejerció como gobernador departamental.
Así fue acusada la esposa del político colorado, Marly Eliana Figueredo López al igual que otras personas como Silvio Álvaro Alfaro Bertolo, Lourdes María Auxiliadora González de Melgarejo y Eduardo Domínguez. Recordemos que la investigación y presentación del requerimiento conclusivo está a cargo del fiscal Osmar Legal Troche, agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
Según datos de la Fiscalía, la hipótesis es que el senador Friedmann formaría parte de un esquema delictivo para beneficios económicos ligado a las licitaciones públicas de la Gobernación de Guairá para la provisión de la merienda escolar a las instituciones públicas del departamento. Friedmann fue gobernador entre el 2013 y el 2018.
La acusación menciona que durante su administración al frente de la Gobernación autorizó y suscribió, para su supuesto beneficio personal, un contrato administrativo para el suministro de bienes con una empresa que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía. Se trata de la empresa ESSA (Eventos y Servicios SA).
El Ministerio Público sostiene que por medio de ESSA, los procesados, en particular Friedmann, procedió al ocultamiento de los beneficios indebidos obtenidos por su participación en la autorización y suscripción de contratos administrativos para el suministro de bienes para la Gobernación con una empresa vinculada directamente a él, pues él tenía el control y dirección de la misma.
La pesquisa hizo hincapié en la Licitación Pública Nacional Nº 03/2.016 – ID Nº 301.888 para la “Adquisición de Almuerzo Escolar”, en cuyo llamado fue adjudicada ESSA. Friedmann, según la Fiscalía, había realizado aportes de capital a dicha empresa para que la misma tenga la capacidad económica y financiera para presentar su oferta.
Un detalle importante de la acusación es que, para encubrir su participación como beneficiario final de las ganancias de ESSA, supuestamente se adquirió con las acciones aportadas por Hugo Alexander Torales y por el diputado Ever Noguera, en el mes de noviembre del año 2015.
La firma del contrato tras la adjudicación la firmaron Friedmann, como gobernador, y el actual diputado Noguera como representante de la empresa.
OJO A LA ADENDA
El 16 de diciembre de 2.016, el entonces gobernador de Guairá firmó la Adenda Nº 02 al Contrato Principal Nº 299/2016, esta vez, con la finalidad de aumentar la provisión de raciones para almuerzos escolares y el valor del contrato inicial. aumentado a 62.084 raciones más de alimentos por un valor de G. 701.549.200, lo que dejó un contrato total por G. 16.154.525.200.
Recordemos que la Fiscalía había ya informado que Friedmann autorizó el 26 de diciembre de 2016 el pago de G. 1.843.247.525 a la firma ESSA como anticipo, y que supuestamente el ex gobernador el 26 de diciembre de 2016, habría adquirido un vehículo de la concesionaria Cóndor cuyo valor ascendería a la suma de US$ 109.000. El contrato por esa camioneta habría firmado la esposa del político colorado.
DETALLES DE HECHOS
En la acusación se señala al senador Friedmann que habría cometido hechos como la administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal, y cohecho pasivo agravado, todos ellos en calidad de autor. Mientras que la esposa, Marly Figueredo es acusada por lavado de dinero en calidad de autora.
Su primo, Silvio Álvaro Alfaro Bertolo fue acusado por administración en provecho propio y lavado de dinero en calidad de cómplice, y por asociación criminal en calidad de autor.
La presunta contadora de Friedmann, Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo, fue acusada como cómplice de los hechos de administración en provecho propio y lavado de dinero, y por asociación criminal como autora.
En tanto que en la acusación contra Eduardo Domínguez se le señala como cómplice de lavado de dinero y asociación criminal.
Ahora, el Juzgado Penal de Garantías deberá evaluar los hechos para determinar si la causa amerita ser elevada a juicio oral y público, aunque fuentes indicaron que la defensa del político colorado atacaría el requerimiento conclusivo.
