El Congreso finalmente aprobó las modificaciones introducidas al Código Electoral que sujetará las candidaturas políticas a estrictas normas de control y auditoría de los fondos de campaña. Se establece, por ejemplo, que todos “los candidatos presentarán a los movimientos internos partidarios y estos a los Tribunales Electorales Partidarios, un informe detallado de las contribuciones o donaciones recibidas para el financiamiento de las campañas, con indicación de su origen y monto”. Esta condición permitirá, de ser aplicada en toda su extensión, establecer la consistencia de dichos aportes y, sobre todo, la identidad de quienes los realizaron.
Esta era una cláusula que en primera instancia los diputados intentaron eliminar pero que finalmente debieron admitir. También se obliga a la “apertura de una cuenta única en una institución financiera de plaza con el identificador tributario, en la que se depositarán todos los fondos recaudados para financiar la campaña electoral, y especificando el origen de los mismos”. Este era otro punto también cuestionado por los diputados que alegaron, en su momento, la presión de la banca privada a la apertura de dichas cuentas (¿?).
Entre otras disposiciones, se prohíbe recibir contribuciones anónimas o de personas condenadas por crímenes de sanción penal, en especial los relacionados al narcotráfico. La legislación otorga potestad de intervención tanto al Tribunal Supremo de Justicia Electoral, previendo sanciones para el incumplimiento de las normas que podrían incluso llegar a la casación de una candidatura. También tendrán poder de auditoría la Secretaría de Tributación y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero.
La arquitectura normativa entrará en vigencia una vez que el Poder Ejecutivo promulgue la ley correspondiente, siempre y cuando no se ponga creativo y vete, total o parcialmente, el documento remitido por el Congreso. De allí en más se comprobará si se trata de una legislación aplicable o, como arguyera más de un legislador, de aplicación imposible.
En la era en que sondas espaciales envían fotos y análisis espectrográficos desde fuera del sistema solar, aplicar un código no debiera ser un misterio, sino más bien una decisión de compromiso político.
