Según un informe de la Dirección de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral, unos 70.023 precandidatos de 43 organizaciones políticas cumplieron con la rendición de cuentas. Las mismas deben responder a la disponibilidad de recursos monetarios y no monetarios de los precandidatos para costear la carrera electoral. Otro punto es si el precandidato o su cónyuge son parte de alguna organización de la cual utilizan fondos con fines electorales.
Si la cita del TSJE es correcta, el baile de millones que llevó a la jornada electoral de hoy envolvió un total de mas de US$ 12 millones. De esa cantidad, sólo la ANR y el PLRA han presentado un gasto de US$ 6,9 millones. Los otros US$ 5 millones se reparten entre unos 40 partidos, concertaciones, alianzas, candidaturas independientes, etc.
Los estados contables, cerrados antes de la jornada electoral, hablan de los montos totales. Pero eso no es suficiente. Son cifras frías que no nos aclaran cosas fundamentales, entre otras, de donde proviene el dinero y sobre todo, quienes están detrás de cada aporte y donación.
Hasta ahora no hemos visto un informe detallado sobre la consistencia de los fondos de campaña según cada candidato. Si alguien que vive de un ingreso determinado, digamos una dieta de diputado, de concejal municipal o de funcionario público aparece gastando mas de G. 500 millones en pocas semanas, lo lógico es que explique de donde salió todo ese dinero. La normativa vigente prevé todos estos cuestionamientos y, en ese sentido, es considerada una legislación avanzada. Pero según un análisis del Centro Carter especializado en legislación electoral latinoamericana, estas normas electorales tienen debilidades no menores, entre ellas la escasa “capacidad orgánica y misional” de control efectivo del TSJE. Tampoco es eficiente en la tarea de verificar el origen y monto de las donaciones privadas mediante los controles usuales de tributación. Además, la divulgación del manejo de los recursos es poco clara y carece de elementos que aseguren una información concreta y transparente a la ciudadanía.
Para sintetizarla en criollo: la norma se acata pero no se cumple.
La lluvia de millones sigue cayendo, ya sea dinero público o plata de quién sabe quién.
Todo el proceso rezuma escasez de transparencia.
Así no se construye credibilidad en un sistema político.
