EFE
La familia del ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado hace trece meses por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), volvió a acusar al Gobierno de «indiferencia» respecto a la situación del político retirado, de quien se sigue desconociendo su paradero.
Las hijas de Denis divulgaron un comunicado, al cumplirse hoy otro mes de su cautiverio, en el que incluyen en esa «falta de voluntad» del Gobierno al policía Edelio Morínigo y al ganadero Félix Urbieta, de quienes no se tienen noticias desde sus secuestros hace años por la guerrilla.
«Somos testigos cada día de la incapacidad del Estado para garantizar el básico derecho de la libertad, de la falta de voluntad política por el retorno de papá, Edelio y Félix, de la indiferencia por parte de nuestras autoridades hacia el secuestro», dice el comunicado.
«Llevamos casi 400 días golpeando puertas, solicitando a las autoridades nacionales acciones concretas que construyan el resultado que exige la Constitución Nacional de garantizar y asegurar la libertad de todos los habitantes de nuestro querido Paraguay», señala el texto.
La familia, que en ocasiones anteriores había expresado las mismas críticas al Ejecutivo que preside Mario Abdo Benítez, recordó que cuando asumió la Presidencia prometió respetar la Constitución y las leyes.
«Hoy nosotros se lo reclamamos una vez más», acotaron los familiares del político del opositor Partido Liberal.
Asimismo, la familia pidió una vez más una reunión de los tres Poderes del Estado «para coordinar una política estatal apuntando al retorno de Edelio, Félix y Oscar».
«Nuestros gobernantes hasta este momento han demostrado que no están interesados en adoptar acciones que puedan devolver a los secuestrados a sus hogares», agrega la nota.
Denis fue secuestrado en septiembre de 2020 tras salir de su estancia ganadera entre los departamentos de Amambay y Concepción (norte) por un grupo de hombres armados.
Desde entonces la familia no ha recibido la prueba de vida que han venido pidiendo a la guerrilla, pese a que afirmó haber cumplido la condición que impuso el EPP para la liberación: el reparto entre comunidades campesinas de alimentos por valor de dos millones de dólares.
El EPP, que se dice abanderado del campesinado pobre y se financia con secuestros y el cobro del «impuesto revolucionario» a empresarios agroganaderos del norte del país, secuestró en 2014 al suboficial de policía Edelio Morínigo.
Y un grupo escindido del EPP se llevó por la fuerza dos años después al ganadero Félix Urbieta.
Los familiares de ambos critican además al Gobierno que no sea capaz de ofrecer informaciones sobre su estado al cabo de tanto tiempo.
