Los extorsionadores han sido una característica de la democracia de manera consistente y permanente. Algunos en grupos organizados como bandas operativas dentro de las instituciones públicas, que han minado la credibilidad de Fiscalía, policía, magistrados y otras instituciones públicas en donde si no se paga o no se aviene a las condiciones de los extorsionadores la cosa, sencillamente, no funciona para provecho del colectivo.
También hay grupos extorsionadores en los sindicatos, en las agrupaciones empresariales, en esos grupos que -coaligado con el Gobierno- ha hecho un tremendo daño a los intereses colectivos.
Los extorsionadores en democracia deberían acabar y para eso hace falta demostrar que vivimos en un Estado de Derecho, pero cuando la propia justicia, con jueces fiscales y policías son los principales articuladores de esta situación, la situación de decepción que invade a la gente es extraordinariamente alta y se encuentra realmente -ella- la sociedad, sometida a los extorsionadores y sus caprichos.
En este momento la Fiscalía General ha demostrado, a través de su vocera, que no parará hasta salvar la Fiscal General, aunque en el camino tengan que destrozar lo poco de institucionalidad que todavía le queda.
