“Todo sigue igual, los sojeros siempre fumigan, no ponen las barreras.Siempre hay gente que se enferma y yo espero que eso ya no suceda, y que no le pase más a nadie, como le pasó a mi hermano”, comentó Norma, hermana de Rubén Portillo, un joven que falleció a los 26 años en la Colonia Yerutí de Curuguaty, departamento de Canindeyú.
Rubén murió en 2011 a consecuencia de fumigación con agrotóxicos, y sus familiares hoy exigen que el Estado avance en el proceso de reparación, establecido en una resolución definitiva del Comité de Derechos Humanos de la ONU en agosto de 2019.
Para el abogado Hugo Valiente, investigador de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), el Estado tenía que haber presentado por lo menos una propuesta de reparaciones. “Estamos a más de un año y no hay ninguna reacción. No hay ni un acercamiento con la familia para iniciar un diálogo. No será un caso fácil por más que haya ya una visión con un carácter obligatorio en términos legales”.
La principal demanda de la familia y la comunidad es la recuperación de las tierras del Indert que hoy están siendo explotadas por empresas que cultivan soja. La situación cada vez preocupa más porque en esta época inician nuevamente las fumigaciones masivas y extensas que contaminan cauces hídricos, el suelo y a la gente que sigue viviendo en el lugar.
El abogado dijo que con la pandemia tenemos un Estado con la misma lentitud y falta de proactividad de siempre para cumplir estos compromisos, pero ahora con dicen que están atendiendo otras cosas y no se pueden reunir, lo que para el abogado en cierta medida es cierto, pero son solo excusas.
“Tenemos un escenario con las cosas complicadas. La necesidad de una mayor visión con respecto al caso es imperativo, y estamos tratando de instalarlo nuevamente en la opinión pública, mostrar la realidad de la zona donde no hubo ningún cambio a pesar de que hay una condena de un organismo internacional, no se adoptaron medidas para controlar el tema de las fumigaciones, es como si no hubiese ocurrido nada”, señaló el especialista.
Resaltó que en esta colonia específicamente la cantidad de lotes que están en manos de personas no beneficiarias de la reforma agraria y que están cultivando la soja genéticamente modificada, es cada vez mayor.
“El nivel de impunidad con el que se opera en el campo en términos de incumplimiento de las leyes ambientales, es tremendo, no hay ninguna medida política que tienda a mínimamente devolver al Estado un básico rol fiscalizador de estas cosas”, añadió.
Finalmente, explicó que la frontera de agronegocios se expande sobre tierras donde, por las leyes de ordenamiento territorial, no deberían estar ahí, sino que deberían estar en manos de población campesina paraguaya que subsisten con ese rubro, pero no con criterio de producción agroecológica y organismos genéticamente modificados. Se están llevando por delante comunidades”.
ANTECEDENTES
La muerte de Rubén Portillo sumada a una investigación negligente del caso por parte del Ministerio Público, derivó en una condena del Comité de Derechos Humanos de la ONU contra el Estado paraguayo, por haber violado el derecho a la vida, a la inviolabilidad de la vivienda y el acceso a la justicia eficiente, que investigue exhaustivamente y condene a los responsables del hecho.
El principal reclamo de la familia y la comunidad es que se recuperen las tierras de la colonia, creada en 1991 por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy Indert. Actualmente gran parte de la colonia está ilegalmente en manos de colonos que no cumplen con ninguno de los requisitos establecidos en el estatuto agrario, para ser beneficiarios de esas tierras, destinadas a que campesinos paraguayos y paraguayas trabajen la tierra.
La Codehupy y Base Investigaciones Sociales, que representaron a la familia en instancias internacionales, señalan que en tanto se avance con el acuerdo de reparación, el Estado debe brindar asistencia integral a las y los pobladores, además de comprometerse públicamente a avanzar con las medidas de reparación.
