lunes, noviembre 17

Estado querellará a agresor de funcionaria del INTN

Instituciones del Estado condenaron enérgicamente la agresión sufrida por una funcionaria del INTN en el ejercicio de sus funciones de fiscalización en la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná la semana pasada.

Ayer desde el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría General de la República anunciaron que presentarán una acción penal contra el agresor Walter Acosta, quien golpeó a una funcionaria de control del INTN.

El procurador Marco Aurelio González anticipó que solicitarán la pena máxima que se le pueda dar a Acosta. “No solamente ha dado un puñetazo al estado paraguayo porque se trata de un funcionario en ejercicio del cumplimiento estatal, sino que ha golpeado a la dignidad de la mujer paraguaya”, expresó.

Comunicados

Instituciones del Estado condenaron enérgicamente la agresión sufrida por una funcionaria del INTN en el ejercicio de sus funciones de fiscalización en la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.

A través de comunicados, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) expresaron su enérgico repudio ante el acto de violencia ejercido contra una funcionaria de esta última institucion, agredida por el asesor jurídico de la estación de servicios Nossapar- Distribuidor 3 Fronteras mientras cumplía con sus funciones de control.

El INTN resaltó que las tareas de fiscalización en estaciones de servicio es clave para garantizar que el combustible despachado cumpla con las normativas establecidas, protegiendo así los derechos de los consumidores.

“A través de estas fiscalizaciones, verificamos que los surtidores midan correctamente y que las condiciones de seguridad sean óptimas”, indicó el instituto.

En ese mismo contexto, el Ministerio de Trabajo enfatizó que, este hecho atenta contra el principio de respeto y seguridad que debe prevalecer en el desempeño de la función pública, especialmente en tareas de control e inspección, donde la labor de los fiscalizadores es esencial para el cumplimiento de normativas que garantizan la seguridad y los derechos de toda la ciudadanía.