Después del gran freno que ha supuesto la pandemia del COVID-19, lo normal es que la economía vaya de menos a más y que los países vayan hacia una lógica recuperación. El desafío no es crecer, porque el crecimiento es inevitable después de una durísima contracción. El verdadero reto es restablecer la economía a buen ritmo y tamaño, cosa que no parece lograr España, cuya economía creció un 1,1% en el segundo trimestre, casi dos puntos menos de lo previsto por el Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística español, a la vez que experimenta una inflación de precios descontrolada.
El precio de la luz en España se ha disparado, hasta el punto de que hay negocios que no les conviene abrir porque el consumo de energía se come las utilidades y el empresario acaba perdiendo dinero. Con la energía disparada a precios históricos, el efecto en cadena de la inflación es inevitable. Por ejemplo, las frutas y verduras han subido un 16%. Así, con los precios elevándose por encima de la magnitud del crecimiento de los ingresos, el ciudadano empieza a notar que el dinero ya no le alcanza igual, con el drama adicional de ver cómo los ahorros pierden valor de modo importante.
España está pasando por un momento muy delicado y el pueblo clama por soluciones reales. Pero la actual clase política española es incapaz de afrontar los problemas estructurales que tiene el país, porque implica renunciar a muchos privilegios. Quien ha salido a escuchar la calle, quien ha recorrido los pueblos de España, oye últimamente la misma sentencia: el peor gobierno en el peor momento posible, repartiéndose el poder, la justicia y los órganos de control con el Partido Popular, el principal partido de la oposición. No debería extrañar a nadie que, ante tanta irresponsabilidad e incompetencia, el Partido VOX se esté consolidando como una alternativa real en el panorama político español.
