Tras los últimos acontecimientos que hemos atravesado las últimas semanas, entre fracasados juicios políticos, vacunas a cuenta gotas y quemas de obsoletos partidos políticos, como siempre me pregunta dónde está el gran ausente, el Poder Judicial.
Recurrir a la base de datos de una de las pocas instituciones más creíbles que trabaja en este ámbito de la reforma judicial, como el Centro de Estudios Judiciales (CEJ). El mismo a finales de año pasado elaboró un informe revelador de las falencias del sistema que hace que El Poder Judicial, llamado a cumplir un rol fundamental para canalizar las necesidades jurídicas de la población, ejercer el control público, proteger los derechos de los sectores más vulnerabilizados, y con ello mejorar la calidad de la democracia y reducir la brecha entre la realidad y nuestras promesas constitucionales, definitivamente no lo hace.
Hay ineficiencias en la administración de justicia y también múltiples carencias, pero probablemente lo más evidente es la creciente inadecuación de la institución para responder a una mayor cantidad de demandas. Por otra parte, el Poder Judicial ha demostrado poca capacidad para responder que está del lado del ciudadano, velando porque sus derechos no sean arrebatados o disminuidos por la privilegiada situación de los más poderosos.
Las últimas sentencias de los tribunales sobre corrupción pública, han puesto en evidencia el sometimiento político de los jueces a la clase política, se ha evidenciado la falta de capacitación técnica e independencia para abordar con éxito el juzgamiento de los casos de corrupción pública. Las últimas sentencias dictadas a fin de año y que involucran a poderosos actores políticos, es una muestra de todo el proceso de desgaste y debilidad de los jueces cuando enfrentan a una mafia poderosa y corrupta. Estas decisiones alejan al Poder Judicial de la ciudadanía, que cada vez más exigen que el imperio de la ley se convierta en una herramienta de la vida cotidiana y no una mera declaración formal.
Es hora de iniciar un debate público profundo sobre las necesidades de reforma del Poder Judicial se plantea como consecuencia de los desafíos que sobre esta institución del Estado recaen en cuestiones como su independencia, transparencia, accesibilidad y capacidad efectiva para la sanción de los agrandes casos de corrupción pública.
Hay una sociedad civil que reclama cambios profundos al funcionamiento tradicional del Poder Judicial, es hora de entender que los esfuerzos aislados realizados hasta ahora no han dado sus frutos, no se ha logrado limitar la injerencia política, no se ha generado un sustento estructural y perdurable para un verdadera y completa independencia judicial.
Los temas urgentes a abordar en un debate público nacional son:
– Una “Ley de Carrera Judicial” que apueste a la meritocracia y limite la injerencia política en la Justicia.
– Modificaciones sustanciales al sistema de selección de magistrados con criterios objetivos de selección.
– Reencausar el rumbo de la Escuela Judicial.
Como ejemplo, a fin de fortalecer la capacidad de juzgamiento de los delitos de corrupción pública, el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) recomienda avanzar en la puesta en marcha de un modelo de gestión para los despachos penales especializados en el combate a la criminalidad organizada. El juzgamiento de estos hechos punibles complejos, representa un gran desafío para el Poder Judicial.
La limitación a la injerencia política en el sistema de selección de magistrados y el fortalecimiento de los juzgados penales para el juzgamiento de los grandes casos de corrupción pública, interpelan a las autoridades judiciales a iniciar un gran debate sobre los problemas estructurales del Poder Judicial y la necesidad de avanzar hacia su fortalecimiento.
Definitivamente si no exigimos también en las calles una mejor justicia, todo seguirá igual
