Facetti dijo que esta situación es “preocupante” porque “el microtráfico no solamente es un problema legal, sino que abarca una cuestión social mucho más compleja que amerita la coordinación integral entre las instituciones para plantear problemas de fondo, como salud, trabajo, educación, a fin de lograr la verdadera reinserción”, manifestó.
Según la información que recibieron de las autoridades del penal es que la población total del penal es de 332 reclusas, de las cuales 181 están procesadas y 151 condenadas; el 55 % del total están por transgresión a la ley 1340 “De Drogas”.
La visita realizada por los parlamentarios tuvo por finalidad interiorizarse de la situación general de las mujeres privadas de libertad; como así también de las condiciones generales de las reclusas adictas a sustancias estupefacientes, especialmente en lo que respecta a la atención y rehabilitación de las mismas.
La directora del penal, Nelsi Centurión, comentó a los legisladores que hay varios casos en que las reclusas han cumplido gran parte de la condena, o que son de avanzada edad y están a la espera de alguna medida que les otorgue libertad condicional, pero el sistema de justicia hace que esta posibilidad sea lenta y complicada, lamentó la mujer.
Asimismo, hay un alto porcentaje de reclusas adictas a diferentes tipos de drogas, siendo las más comunes el crack, la marihuana y la cocaína, dependiendo del nivel económico; y para quienes hace falta un pabellón y tratamiento especial considerando que el periodo de abstinencia es sumamente crítico para quienes desean abandonar el vicio.
Esta actividad fue realizada en el marco de un trabajo de investigación y relevamiento de datos encarado por la Comisión, cuya finalidad es la de tener un diagnóstico situacional en lo que respecta al alto índice de mujeres infractoras de la Ley 1340 y sus modificatorias, a fin de proponer futuras acciones que busquen una solución integral al problema.
El microtráfico no solamente es un problema legal o de drogas, sino que abarca una cuestión social mucho más compleja, como salud, educación, falta de empleo, etc., que amerita la coordinación integral entre las instituciones para plantear soluciones de fondo.
