Por: Prof. Hugo A. Duarte
Hay un límite que el Paraguay está empezando a tocar, aunque nadie lo diga abiertamente. Existe una tensión y el equilibrio está en controversia.
Después del golpe de Estado del 89, el equilibrio fue precario pero funcional: el sector privado generaba riqueza y el Estado, con impuestos y deuda, sostenía el funcionamiento básico de la sociedad. Hoy, ese equilibrio se está rompiendo. No por un colapso abrupto, sino por una tensión acumulada que empieza a volverse insostenible.
De un lado, los sectores más sólidos de la economía acumulan reservas. Es una decisión racional: protegerse frente a la incertidumbre. Pero cuando ese ahorro no se transforma en inversión productiva —cuando no genera empleo ni dinamiza la economía— deja de ser un motor y se convierte en un factor de inmovilidad.
Del otro lado, el Estado enfrenta una restricción cada vez más dura. Ya no puede endeudarse al mismo ritmo sin comprometer su estabilidad futura, y una parte creciente de sus ingresos se destina simplemente a pagar intereses. Es decir: el pasado empieza a consumir al presente. Eso no es buen síntoma.
Desde la política, la presión hacia el Estado es difusa. los principales actores se identifican con ambos sectores: el empresarial y el político. Sin embargo, el sector político real se atrinchera en sus privilegios, amenazando al Gobierno con pasarle la factura en próximas elecciones si se atreven a recortarlos. El debate sobre la administración del programa “Hambre Cero” es el síntoma.
Esto no solo genera crisis en el gobierno sino en el propio sistema de Estado Corporativo que empieza a afirmarse.
Aquí inevitablemente aparece la pregunta central: ¿cómo se sostiene el funcionamiento del Estado cuando el margen fiscal se agota?
Las opciones son conocidas, pero no todas son políticamente viables. Vamos por parte.
Emitir dinero implicaría asumir el costo de la inflación y enfrentar la reacción inmediata de los sectores económicos más organizados. Gravar las reservas privadas supondría un conflicto directo con actores de alto poder político y mediático. Despedir funcionarios con vínculos políticos fuertes supondría debilitamiento del oficialismo. No es viable; Estas alternativas requieren decisión y confrontación que el gobierno quiere evitar.
El gobierno no irá más allá del plagueo.
Por eso, el camino que emerge —no como discurso, sino como práctica— es otro.
El ajuste selectivo
No se anuncia, no se debate, no se vota como tal. Se ejecuta. Consiste en recortar donde la resistencia es menor: Deuda con obras públicas no se pagan, obras se paralizan, insumos médicos que no llegan, Escuelas que se caen, kits escolares que no llegan, medicamentos que no se reponen, servicios públicos que se deterioran.
A diferencia de los sectores económicos concentrados y agremiados, y de los sectores políticos formales, la ciudadanía no tiene capacidad de presión coordinada. No hay gremios, hay grupos dispersos sin unidad de acción clara. No hay una mesa que coordine donde negociar ni una estructura que ordene la protesta o la presión.
Por eso, el costo se dispersa.
Y justamente ahí reside su eficacia política: es un ajuste que no estalla, pero erosiona. No genera un conflicto único, pero multiplica pequeños deterioros cotidianos que, acumulados, redefinen la calidad de vida.
El problema es que este camino no resuelve la tensión de fondo. Solo la administra.
Un país no puede sostener indefinidamente una economía donde el ahorro se concentra sin reinversión y la política se vuelve onerosa para el Estado. Porque cuando el Estado pierde capacidad de acción —en salud, en educación, en seguridad y; la política y los empresarios solo se aferran a sus privilegios— no solo cae la calidad de vida: también se deterioran las condiciones que hacen posible la actividad económica e institucional en el estado.
No hay sector privado, ni sociedad fuerte en un país que deja de funcionar.
Imaginemos que el país es una cuerda estirada desde ambos lados, sometida a tensión constante, al final termina cediendo. La incógnita no es si eso ocurrirá, sino cuándo y bajo qué condiciones.
El verdadero debate, entonces, no es cuánto más puede ajustarse el Estado, sino cómo se reequilibra la relación entre acumulación privada, costo de la política y sostenimiento público.
Porque si algo define el momento actual es esto: el ajuste ya está ocurriendo y no lo pagan ninguno de los que tienen poder.
La diferencia es que todavía no se lo nombra.
Periodista Senior