Un informe del Departamento de Estado advierte sobre el uso de la Comisión Bicameral de Investigación como herramienta de intimidación política y señala graves falencias en la protección de los trabajadores.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe en el que critica duramente a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, contrabando y otros delitos conexos del Congreso paraguayo, señalando que fue utilizada como un mecanismo para intimidar a opositores y críticos del gobierno.
De acuerdo con el reporte correspondiente a un análisis del 2024, la CBI, integrada por miembros del partido oficialista, recurrió a falsas acusaciones y amenazas de sanciones legislativas contra organizaciones de la sociedad civil y periodistas. En septiembre, exigió datos detallados a entidades que desarrollaban proyectos con financiamiento internacional, en un contexto de campañas mediáticas impulsadas por medios afines al oficialismo que acusaban a ONG de supuestas irregularidades.
Poco después, algunos documentos fueron filtrados en redes sociales y presentados —de forma falsa— como pruebas de corrupción que involucraban a comunicadores y activistas. El Congreso, además, promulgó una ley que refuerza el control estatal sobre la sociedad civil, mientras ciertos actores políticos amenazaban con procesar a periodistas que investigaban abusos de poder y corrupción.
El informe también advierte sobre el uso de leyes contra la difamación, calumnia e injuria para limitar el debate público o tomar represalias contra la prensa, así como amenazas provenientes de grupos criminales, especialmente en zonas fronterizas con Brasil.
Derechos laborales bajo presión
En materia laboral, el Departamento de Estado señala que, si bien la legislación paraguaya reconoce el derecho a sindicalizarse, negociar colectivamente y realizar huelgas, existen restricciones que limitan su ejercicio. Entre ellas, la exigencia de un mínimo de 20 miembros para formar un sindicato y la prohibición de afiliarse a más de una organización sindical.
El documento denuncia que el gobierno no aplica de forma efectiva estas leyes y que las sanciones contra empleadores que violan derechos laborales son poco efectivas y rara vez se cumplen. Además, persisten prácticas como el despido de dirigentes sindicales y huelguistas sin consecuencias para las empresas, sumadas a la demora y corrupción en los procesos administrativos y judiciales.
Según el informe, asociaciones empresariales ejercen una influencia indebida sobre algunos sindicatos del sector privado, debilitando aún más la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos.
Periodista Senior