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Educación se ve afectada por las restricciones

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Desde el día de hoy inician una serie de restricciones de movilidad establecidas por el Gobierno. Las mismas forman parte del decreto 5160. La vigencia será desde hoy 27 de abril hasta el próximo lunes 10 de mayo.

En otras palabras este decreto establece restricciones a las consideradas zonas rojas del país. Estas son varias ciudades, entre ellas las 19 del departamento Central más la capital del país. Así también Encarnación, Ciudad del Este.

Para las ciudades consideradas en zonas rojas el horario de circulación será de 05 de la mañana a 20 horas. Así también se establecen restricciones en los locales gastronómicos, eventos sociales, actividades familiares, comerciales, deportivas y educativas.

EDUCACIÓN
Gabriel Espínola, docente y dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Auténtica (OTEP-A), anunció que los Comités educativos deberán establecer que institución continúa con la forma semipresencial o la virtualidad.

Aquí se verá la infraestructura de los centros educativos. Y los que cuenten con todas las medidas continuarán con la forma semi presencial. Mientras que las que no lo logren deberán continuar con la virtualidad.

Esto es aplicable tanto para las instituciones que estén en las zonas rojas como para los que están fuera de ellas. Así también afecta a las 9000 instituciones públicas como a las 3000 privadas presentes en el país.

“Evidentemente nuestro país tiene una de las peores condiciones de Salud y educación. Desnuda la desatención del Gobierno. Y eso estamos pagando caro porque quien paga los estudiantes. Solo el 24% de las viviendas cuentan con conectividad. Entonces no tenemos condiciones para el desarrollo de las clases a distancia”, advirtió.

Este Comité Educativo Institucional para la Gestión de Riesgo la conforma el director, representantes de docentes, de alumnos y padres.

INCONSTITUCIONAL
Manuel Riera Domínguez, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, afirma que estas restricciones no tienen ningún sustento normativo. Es decir, no existe ninguna ley que permita que se eliminen estas libertades individuales.

“Cada vez que una persona en una función pública emita una norma que no tiene sustento legal, se convierte en una medida arbitraria. Hace aquello que no está autorizado. Lo que pedimos es que las normativas ambientales no son equivalentes a restricciones individuales”, expresó.

Es decir, cuestionó que basados en la salud se establezcan estas restricciones. Ya que una cosa es que por el dengue se fumiguen las calles y se limpien las casas. Pero otra muy diferente que te obliguen a no trabajar, siquiera salir a la calle por una cuestión sanitaria.

“Esto no es una cuestión sanitaria. Son puramente restricciones a las libertades ambulatorias. Se llega a un extremo en el que se criminalizan las libertades”, advirtió.
Apuntó a que el problema es la falta de vacunas. Pero se está imputando a las personas en su libre circulación.

SIN FUNDAMENTOS
Existen una serie de cuestionamientos sobre estas medidas aplicadas por el Gobierno. La principal consiste en que no existen fundamentos para prohibir trabajar a bares pero se permiten las aglomeraciones en los buses. Solo por citar como ejemplo.

A esto, el entrevistado alega que no existe ninguna norma que permita las restricciones. Salvo un Estado de excepción. Entonces cualquier restricción es inconstitucional.

“Además existe una incoherencia. Se prohíbe que las personas se sientan en mesas de cuatro (4) personas. Pero se permiten buses apilonados de gente. O como el Gobierno establece medidas solo de noche, como si en el día no existiesen contagios”, cuestionó.

SOLUCIONES
Finalmente señaló que el decreto debería buscar una redacción más simple. Que no contenga un listado tan grande de excepciones. Ya que hoy por hoy, la ciudadanía incumple varias de ellas debido a la gran confusión que se genera con estos decretos.

“Por ejemplo el Gobierno debe establecer obligatoriamente las medidas sanitarias. Eso se puede aplicar en todas las actividades. El problema es que están llamando clandestinos a todos y atribuyen a la ciudadanía que es la culpable”, manifestó.

Dijo que cuando el Gobierno pidió a toda la ciudadanía quedarse en sus casas, todos acataron para preparar al sistema sanitario. Sin embargo, no se registraron avances debido a la corrupción.

“Las mejoras nunca vinieron. Pero la gente ya se fundió. Alrededor de 150.000 desempleos y 3000 imputaciones por violación de la cuarentena al término del 2020”, culminó.

Manuel Riera (h).

Gabriel Espínola, OTEP-A.