El castigo a los corruptos en el Paraguay sigue siendo una cuestión excepcional, no es la norma; lo común es que alguien como Gobernador del Central pueda hacer uso de recursos que fueron destinados para un propósito distinto al que él utilizó y que las instituciones del Estado, aquellas que se conforman para controlar el uso de estos recursos, encuentren que se han cometido hechos delictuosos.
Cuando políticamente tiene que discutirse la corrupción, aparecen los que protegen al chancho de su propio chiquero, y ahí comienzan otras interpretaciones en torno a lo que realmente se entiende sobre el servicio público; la mayoría de los que protegen a los corruptos son también sus cómplices o están temerosos de que cuando le toque una oportunidad similar tengan la posibilidad de zafar y no de ser condenados.
La decisión política es eso justamente, si están de acuerdo nuestros representantes en castigar a aquellos que se apartan de la norma con una sanción de tipo político, como diciéndole “no has sido digno de la confianza de la gente para ejercer el cargo de Gobernador del Departamento Central”.
Lo otro sigue por cuerdas paralelas, pero es lógico que la justicia -que es también muy sirvienta del poder político- cuando vea esos números, tenga que concluir diciendo es mejor que esté también ellos le saquemos las castañas del fuego de forma tal que pueda continuar con su labor de robo y desencanto.
Deberíamos, en algún momento determinado, encontrar el punto en el que la política sea verdaderamente la búsqueda del bien común y todos sus actores principales actúen en consecuencia, que todo aquel que se aparta de esa norma tenga el castigo correspondiente.
