La Cámara de Diputados encendió los reflectores sobre el sistema de transporte público al aprobar, en su última sesión ordinaria, una resolución que insta al Poder Ejecutivo a rendir cuentas sobre el destino de los millonarios subsidios otorgados al sector en los últimos tres años.
El pedido fue presentado por el diputado liberal Adrián Vaesken y tuvo una rápida aprobación sobre tablas, reflejando la creciente preocupación del Congreso ante la falta de mejoras visibles en un servicio que, para muchos usuarios, sigue siendo sinónimo de espera, incomodidad y precariedad.
Los legisladores exigen al Viceministerio de Transporte (VMT) un informe detallado sobre cuánto dinero se desembolsó entre 2023 y lo que va del 2025, con énfasis en los montos anuales y el listado de empresas beneficiadas. El objetivo es claro: desentrañar cómo se están utilizando los recursos públicos en un rubro altamente subsidiado pero con escasos resultados tangibles.
Uno de los puntos más sensibles del requerimiento es el control del billetaje electrónico. Los diputados quieren saber si el Estado ya tiene acceso independiente a los datos generados por el sistema, o si sigue dependiendo únicamente de lo que reportan las empresas concesionarias del servicio, JAHA y MAS. Esta duda no es menor, ya que el subsidio se calcula con base en la cantidad de boletos vendidos, y la fiabilidad de esa información es clave para evitar irregularidades.
Además del detalle financiero, la resolución también solicita evidencia de mejoras operativas atribuibles al subsidio: adquisición de nuevos buses, aumento en la frecuencia del servicio, condiciones de accesibilidad y otras acciones que, al menos en teoría, deberían justificar la inversión.
Con un plazo de 15 días para responder, el Viceministerio de Transporte se enfrenta ahora a una obligación institucional y política: demostrar que los fondos no solo se distribuyen correctamente, sino que realmente mejoran la experiencia diaria de los miles de paraguayos que dependen del transporte público.
