Ministros de la Corte Suprema de Justicia, revelaron una preocupante situación de cobros indebido que realizan jueces en varios puntos del país. Cuatro ministros han alzado su voz para denunciar enérgicamente esta práctica ilícita, situación que naturalmente provoca desconfianza en el sistema judicial.
La primera en denunciar públicamente esta situación fue la presidenta de la Sala Penal, Carolina Llanes, quien destacó que no existe fundamento legal que permita a los jueces constituirse para verificar las residencias de los procesados bajo arresto domiciliario, y mucho menos cobrar por este servicio.
Su intervención ha sido clave para sacar a la luz una práctica cuestionable que ha pasado desapercibida durante un tiempo, reportó el portal especializado (http://Judiciales.net).
Ante ello, el pleno de la Corte Suprema ha acordado la emisión de una circular prohibiendo esta situación y además se exige a los magistrados y actuarios proporcionar información detallada sobre la cantidad de constituciones realizadas mensualmente. Esta acción tiene como objetivo principal esclarecer la situación y garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones.
El ministro Ramírez Candia afirmó que la recaudación indebida de constituciones es una práctica irregular y común que involucra a jueces de diferentes partes del país.
Además, el ministro Eugenio Jiménez Rolón expresó su preocupación por la existencia de situaciones similares en el fuero civil.
Denunció que se están llevando a cabo constituciones indebidas, imponiendo costos inventados y abusivos a los justiciables. Ante esta situación, Jiménez Rolón propuso la realización de una auditoría exhaustiva, una medida que fue respaldada por el pleno de la Corte Suprema.
Ante esta situación, es imperativo que se lleve a cabo una investigación acabada para identificar y sancionar a los responsables de estos cobros indebidos. Asimismo, se deben implementar medidas de control más rigurosas y mecanismos de supervisión efectivos para prevenir y detectar futuras irregularidades. Solo así se podrá mejorar la confianza en el sistema judicial y garantizar la justicia para todos los ciudadanos.
