Mientras tanto desde la defensa del Estado, aseguran que se cumplió con todos los procesos y que hubo mal desempeño de funciones. La audiencia de la Corte IDH culminó hoy, pero continúa hasta el 2 de abril, plazo que tienen los involucrados para presentar sus alegatos y sus observaciones finales por escrito.
Ayer finalizó la tercera y última jornada de audiencia pública del caso “Ríos Ávalos y otros vs. Paraguay” iniciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elevada por los ex ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea (ya fallecido) por su destitución al cargo de ministro vía juicio político en el 2003. Los representantes de las presuntas víctimas, el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuentan con un plazo hasta el 2 de abril del 2021 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas respectivamente en relación con el fondo, y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso.
Este caso está relacionado supuestamente con una serie de violaciones en el marco de los juicios políticos que culminaron con las destituciones de las víctimas de sus cargos de ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay en 2003, gobierno de Nicanor Duarte Frutos.
La audiencia pública inició de forma virtual a las 11:00 horas de nuestro país. El proceso se da ante la negativa de Paraguay de aceptar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Continúa mañana y miércoles.
Según uno de los representantes de las víctimas, en este caso, el penalista Nicolas Gaona Irún “el Estado paraguayo ha violado los principios de legalidad del debido proceso de independencia del Poder Judicial con las consecuencias nefastas que todos hoy vivimos a través de un apresurado juicio político carente de ley reglamentaria que defina lo que hay que entenderse por mal desempeño”, apuntó.
Asimismo, afirmó que “se veía como muy poco probable iniciar un enjuiciamiento político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia pues en lo esencial carecía por completo de forma instalarla dado que ningún ministro de esta Corte había incurrido en ningún tipo de conducta que pudiese constituir fundamentos de ese mal desempeño”, acotó.
A su vez, la esposa de Bonifacio Ríos Ávalos, Sara Marqués, como representante lamentó que se siga mancillando el nombre de las personas que han sido destituidos ilegal, arbitraria e inconstitucional. “Si es que era tanto el tráfico de influencia como ellos decían y si había tanta corrupción en el Poder Judicial ¿por qué no los juzgaron y no remitieron desde la Cámara Juzgadora los hechos al fuero penal para que los ministros así fueran procesados por esos hechos? Pero fueron juzgados y sentenciados por mal desempeño de funciones por fallos judiciales a raíz de un pacto político donde el presidente de la República y otros líderes de partidos querían sus propios ministros, sus cupos y prebendas que este señor presidente Nicanor Duarte Frutos estaba ofreciendo”, sentenció.
En lo que respecta a la defensa de Paraguay, el procurador general Juan Rafael Caballero González, mencionó los alegatos por el cual el Paraguay no concuerda con las conclusiones de la Comisión IDH. En primer lugar, afirmó que en todo momento se dio el derecho de presentar sus defensas inclusive antes que se formule su acusación e inicie el trámite del juicio político y lo presentaron ante la Cámara de Diputados y ante la Cámara de Senadores.
“El doctor Fernández Gadea argumentó durante tres horas, el doctor Ríos Ávalos argumentó durante más de cinco horas hasta que se agotaron todo lo que se deseaba exponer”, refirió. Recordó que habían votado 44 senadores para destituir a Fernández Gadea y 43 senadores para destituir a Ríos Ávalos.
Comentó se encontraron fundamentos en esta audiencia pública que hablan de mala conducta por parte de Ríos Ávalos de cuando era presidente de la Corte porque recibió en su domicilio al presidente electo a fin de asesorar y a fin de discutir si podría enmendarse la Constitución para que una persona continúe en el cargo por más de 25 años.
“Esto reitero no lo sabemos, no sabemos si es cierto, nada se ha probado en este lugar sin embargo es absolutamente grave de una persona que en ese momento ejercía la presidencia de la Corte (…) este asunto, la reelección en nuestro país es un tema sensible y ha sido tratado y se ha prohibido expresamente”, acotó.
Es el segundo proceso que enfrenta el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, el primero fue el caso de Juan Arrom y Anuncio Martí contra Paraguay. La audiencia pública tuvo una duración de tres días, inició el lunes 1, martes 2 y culminó el miércoles 3 de marzo.
El proceso
En el 2019, la CIDH expresó que el Estado violó el derecho a contar con una autoridad competente mediante procedimientos previamente establecidos. Concluyó que el Estado violó el derecho a contar con un juez imparcial tomando en cuenta que el reglamento emitido no permitía las recusaciones contra el órgano disciplinario, es decir cuestionar su imparcialidad, lo cual tenía particular importancia en el caso, tomando en cuenta que las víctimas alegaban que el proceso tenía fundamentos discriminatorios.
Ya en el informe final de la CIDH estableció reincorporar a Ríos Avalos, en caso de ser este su deseo, en un cargo similar al que desempeñaba en el Poder Judicial, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparable a los que le corresponden el día de hoy si no hubiera sido destituido.
Si por razones fundadas no es posible la reincorporación, pagar una indemnización alternativa. En el caso de Fernández Gadea, la Comisión toma nota de su fallecimiento, por lo que corresponde la indemnización alternativa en su favor.
