Luego de que el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, haya argumentado la inacción del Gobierno para asistir a comerciantes al señalar que no hay recursos económicos para asistir a comerciantes de ciudades fronterizas con Argentina, miembros del Congreso Nacional cuestionaron las prioridades de la administración a cargo de Mario Abdo Benítez.
Uno de los que cuestionó la falta de voluntad del Poder Ejecutivo fue el senador del Partido Hagamos, Gilberto Apuril, quien recordó que existe una Ley que establece un un subsidio económico especial para comerciantes y trabajadores de ciudades fronterizas con Argentina.
Para Apuril, el Gobierno debería realizar una revisión de las prioridades, y tener en primer lugar las necesidades de la ciudadanía que se ha visto muy afectada por la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19 y las fronteras cerradas con la Argentina.
“Recibí con asombro el anuncio que hizo ayer el Ejecutivo que no hay fondos de la Ley de Emergencia para financiar el subsidio a los comerciantes fronterizos con la Argentina. Lo que creo es que no hay es voluntad para invertir en la gente que necesita ayuda, porque se puede realizar una reingeniería no solo de los números en el PGN, sino también una reingeniería de prioridades para el Gobierno”, destacó el senador nacional.
BENEFICIO PARA LOS AMIGOS
Además, se insistir en que el Poder Ejecutivo puede reformular los detalles del Presupuesto General de la Nación en beneficio de la gente, lo que se evidencia es que tienen las prioridades de beneficiar a las empresas amigas, apuntando directamente a la superproveedora Engineering.
“El Ejecutivo tiene la potestad de revisar los números, buscarle la vuelta al presupuesto, como siempre se hizo, esta vez para ayudar a compatriotas laburantes que están en una situación difícil por el prolongado cierre de frontera con Argentina. Deberían redefinir sus prioridades, porque primero debe estar la gente antes que las empresas amigas y los puentes sobrefacturados”, detalló el senador.
Por último, mencionó que las autoridades deben de dar una respuesta a las necesidades de las ciudades fronterizas, y no sólo culparle al Congreso Nacional de la falta de financiamiento.
“Si no existe voluntad de revisar el presupuesto para cumplir con la Ley, entonces nosotros vamos a ver el mecanismo desde el Senado, pero no podemos matar la esperanza de la gente culpando a los legisladores”, puntualizó Apuril.
