Las investigaciones administrativas en nuestros ministerios nunca acaban favorablemente a la verdad. Eso se puede observar en la mayoría de los casos de sumarios administrativos o búsqueda de conocimiento acerca de qué es lo que falló en la construcción del viaducto de Ñanduti, por ejemplo.
Eso ya tiene una buena cantidad de tiempo. El ministro de Obras Públicas dijo que querría saber la verdad, lo que demuestra hasta ahora que no quiere saberla o la conoce y no quiere compartirla con nadie.
Ahí se equivocaron. Jamás ese mamotreto podría haber costado US$ 2 millones, que es lo que se pagó a la empresa que ha venido ganando todas las licitaciones públicas en este país, de la mano de la relación que mantiene su propietario con el presidente de la República y sus familiares.
Cuando vemos muchos de estos casos, de lo que se busca descomprimir una presión social sobre un tema determinado, surge o la instalación de un consejo, de un comité o se establece un sumario que ya sabemos en qué terminará.
Otro escándalo de corrupción terminará sepultando al mismo y volveremos de nuevo a no saber absolutamente nada de lo que pasó en una cuestión rodeada de corrupción y de cosas oscuras.
Alguna vez tendríamos que tener un organismo que realmente opere de forma directa y concreta sobre los hechos de corrupción y no tengan que cubrirse unos a otros para que sigamos lamentándonos en número y en forma.
