Presidentes, directivos y ex ministros del sector público que pasaron al sector privado, pero de un solo grupo, obligan a que los legisladores propongan un proyecto de ley que intentará evitar que información privilegiada, pase al sector privado.
El Estado invierte millones de dólares anuales en infraestructura, tecnología y capacitación. Cuando información privilegiada del sector público pasa al privado debilita las instituciones, limitando su capacidad de servir a la ciudadanía.
Este es el modelo que pone en riesgo el Estado de Derecho y la posibilidad de que la gente pueda obtener servicios y bienes básicos de forma económica y accesible. Básicamente porque desde que desembarcaron en el partido y luego al control de la cosa pública, infectaron cuál virus todas las dependencias dejando en cada una un elemento que trasmite toda información para beneficio del modelo. Cuál es el antídoto es la pregunta que nos salvará como República democrática.
La sospecha que desde la propia administración pública se puedan gestar sabotajes organizacionales y legales para afectar la gestión, dejando vía libre a quienes sepan de ese talón de Aquiles, asusta.
Llegar a espacios públicos de poder, trazar una agenda que hunda los pilares democráticos y deje a merced del corporativismos caníbal, es cuánto menos, un crimen de lesa humanidad.
Hasta el capitalismo como sistema se ve estigmatizado por la vorágine de quienes al parecer, quieren quedarse con todo.
El hombre es el lobo del hombre.
