En el pasado se decía que quien quisiera dedicarse a la política debía estar dispuesto a tirar su honra a los cerdos. El aforismo hizo carrera pero no logró desanimar a la colectividad dedicada a dicho quehacer. Pero hay otro valor, no tan fulgurante como la honra, que es el pudor o, más paraguayamente, la delicadeza. Está comprobado que, en muchos aspectos y en algunos “referentes”, el pudor puede ser guardado en el bolsillo trasero mientras se opera en el lodazal de la función pública.
El COVID19 ha retirado brutalmente la funda bajo la cual algunos enclaves del Estado mantenían ocultos sus chanchullos. Las compras públicas, licitadas o directas, son el manantial favorito en el cual abrevan los impúdicos, para seguir nuestra línea argumental. Porque hay que serlo para favorecer un negocio familiar estando al frente de una oficina del Estado.
La ley 2051 de contrataciones públicas establece, en su artículo 40, que quedarán fuera del procedimiento “los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los últimos seis meses”.
Una de dos, o el Procurador General de la República no conoce la ley de contrataciones o, conociéndola, le importó un corno cuando adjudicó la provisión de pasajes aéreos para la Procuraduría a su propia esposa. Se trata de un contratillo de un mínimo de Gs. 50 millones hasta un máximo de 100. Como se sabe, en la función pública no se fijan en gastos así que es casi seguro que la segunda cifra sea la que corra.
Ley o no, reglamento o no, hay algo que debería despertar en el servidor público una alerta profesional. Y es que no debería favorecer con dinero público, que no le pertenece, a su propia familia. Pero para eso hace falta tener sentido del pudor, que en el caso de la Procuraduría vemos que estuvo ausente.
