El proyecto de ley que busca reducir penas a funcionarios públicos corruptos fue presentado por Yamil Esgaib y aprobado por la Cámara de Diputados. Esta iniciativa ha generado una serie de críticas y cuestionamientos en relación a su redacción y su complicidad con la Constitución Nacional.
Por tal hecho, el abogado José Casañas Levi, asesor del senador Rafael Filizzola, expresó su preocupación con respecto a este proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara Baja del Congreso y que ahora debe ser sometido a la consideración del Senado.
Casañas Levi señaló que el proyecto de ley, en su forma actual, presenta serias deficiencias desde el punto de vista legal. Ha señalado que el texto utiliza terminología que no es consistente con el Código Penal vigente, destacando el uso del término “dinero” en lugar de “beneficio patrimonial”.
Otra crítica importante se refiere a la redundancia y falta de especificidad en el proyecto de ley. Según Casañas Levi, el texto propuesto incluye disposiciones que ya están contempladas en la legislación actual. Por ejemplo, el proyecto señala las circunstancias en las cuales un tribunal debe considerar la devolución como factor para determinar la gravedad de la pena, aunque esto ya está establecido en la ley vigente. Esto no solo crea una redundancia innecesaria, sino que también deja preguntas sin respuesta sobre cómo se aplicaría en la práctica.
Asimismo, el abogado explicó que que el proyecto carece de detalles sobre cómo se calcularían los beneficios para el autor en función del monto devuelto. Esta falta de claridad podría generar confusión y ambigüedad en la aplicación de la ley.
La crítica más contundente que plantea José Casañas Levi se refiere a la posible inconstitucionalidad del proyecto de ley. Argumenta que el proyecto beneficia exclusivamente a un grupo específico de personas (funcionarios públicos), lo cual va en contra del principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional.
