En sesión plenaria, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió encomendar a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, la realización de una auditoría integral en las siguientes causas Fernando Román Fernández y otros s/ Estafa y otros. Expediente N°8361/19, tramitada ante el Juzgado Penal de Garantías N°2 de la Capital y José Antonio Caballero Bobadilla y otros s/ Lesión de confianza. Expediente N°9790/18, tramitada ante el Juzgado Penal de Garantías N°3 de la Capital.
La primera guarda relación con el conocido caso Mocipar, en el que miles de personas perdieron sus ahorros bajo un fallido modelo de negocios de adjudicaciones, mientras que el segundo se trata de una presunta estafa a la caja de aportantes de funcionarios bancarios.
Para el ministro Gustavo Santander Dans es llamativo que al principio de ambas causas, el Ministerio Público imputó “casi por la totalidad del Código Penal”. Sin embargo al finalizar el proceso, la misma Fiscalía solicitó el sobreseimiento de los acusados.
Por el perjuicio a la Caja Bancaria fueron procesados por lesión de confianza los componentes del Consejo de Administración, ellos son José Antonio Caballero Bobadilla, presidente, Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Miguel Ramón Oro Domínguez.
Luego de varias idas y vueltas en el proceso, finalmente la Fiscalía Adjunta a cargo de las Unidades Penales Ordinarias de la Sede 1 del Ministerio Público, Patricia Rivarola Pérez, resolvió requerir el sobreseimiento definitivo en la causa caratulada como “José Antonio Caballero Bobadilla” y otros s/lesión de confianza.
De acuerdo a las pericias contables emprendidas por la Fiscalía y la querella adhesiva, las diligencias reafirmaron que los directivos estuvieron detrás de un perjuicio patrimonial a la entidad. Se observaron varias irregularidades en el manejo de la Caja entre los años 2015 y 2019, que impactaron negativamente al patrimonio.
El citado daño se comprobó en el déficit actuarial por el que atraviesa la institución actualmente.
La conclusión del perito Licenciado Javier González Pérez menciona: “Considerando que el perjuicio patrimonial consiste en un detrimento del patrimonio provocado por la acción u omisión por parte del garante del mismo, se puede inferir que estas consecuencias negativas en la situación actuarial de la Caja Bancaria, se configuran en un daño patrimonial por un total de G. 2,4 billones
MOCIPAR
En el caso de Mocipar, se trata de un caso de estafa, en el cual la cara más visible es la de Fernando Román Fernández.
Con relación a este proceso, la fiscala Stela Mary Cano solicitó la rectificación de acusación y pidió el sobreseimiento definitivo por el hecho punible de estafa para Fernando Román y Orlando Benítez, ex directivos de Mocipar, y se ratificó en la acusación por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, recordó El Observador.
La Fiscalía General del Estado deberá ratificar el pedido de sobreseimiento definitivo, o en su caso, acusar y pedir juicio oral por los dos cargos de estafa y producción y uso de documentos no auténticos. El perjuicio económico denunciado por las víctimas es de G. 26.000 millones.
“Hay cosas que llama la atención cuando uno mira un poco el proceso en sí de estas dos causas (…)Miles de víctimas que quedaron colgadas por su reclamo de Justicia. Tenemos la obligación de saber por qué esta causa termina en cuestiones procesales y terminan en el sobreseimiento ”, agregó sobre el punto el ministro de la Corte.
Se dispuso también que el resultado de la auditoría sea expuesto en sesión pública para que toda la ciudadanía tenga acceso.
Por su parte, los lesionados por el caso Mocipar se reunieron en la mañana de este jueves para festejar la decisión de la Corte, confiados nuevamente en recuperar parte de los aportes, mientras que desde la Asociación de Bancos no hubo respuesta al cierre de esta edición.
LAS CIFRAS
G. 2,4
Billones se calculó el perjuicio patrimonial a la Caja Bancaria.
G. 26.000
Millones reclaman antiguos aportantes al sistema de Mocipar.
