El contralor general de la República, Camilo Benítez, durante una entrevista con la radio Monumental defendió firmemente los pedidos de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, argumentando que ambas cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución Nacional debido a la existencia de “graves irregularidades”.
El contralor explicó que las solicitudes de intervención se basan en tres fundamentos constitucionales: la existencia de irregularidades comprobadas, la presentación de denuncias penales contra los intendentes de ambas ciudades, y la falta de documentos respaldatorios enviados al Tribunal de Cuentas.
“El tema de Asunción es por la emisión de bonos para gastos corrientes, es decir, salarios, lo cual está expresamente prohibido. Además, no hay documentación que respalde esas operaciones”, señaló. En el caso de Ciudad del Este, denunció que las transferencias a ONG carecen de respaldo y que se detectaron facturas falsas.
Asimismo, agregó que tanto el intendente de Asunción como el de Ciudad del Este se encuentran imputados por lesión de confianza y que la Fiscalía solicitó a la Contraloría profundizar la investigación sobre los bonos emitidos y auditar nuevamente la obra de la Costanera en CDE. “Fue más o menos un ‘hagan nuestro trabajo’”, ironizó.
Benítez también justificó la decisión de presentar ambos pedidos en un mismo informe. “Si lo hacía por separado, podía ocurrir que uno corriera y otro no. Ambos casos cumplen los mismos requisitos”, aseguró.
Frente a cuestionamientos sobre el momento elegido para impulsar estas intervenciones, el contralor respondió: “La legitimación de la Contraloría no está en duda. Lo que se puede criticar es por qué ahora o por qué no otros. Pero acá hay hechos concretos y documentados”.
Respecto a las críticas políticas, el contralor se distanció de cualquier intento de partidización: “Mis auditores son patriotas. Yo prohibí la actividad partidaria dentro y fuera de la Contraloría”, enfatizó. También afirmó que su vínculo con el presidente de la República es estrictamente institucional y que ha cuestionado iniciativas del Ejecutivo, como el programa Hambre Cero, a través de informes técnicos.
Benítez aseguró que la Contraloría ha hecho todo lo posible para transparentar los recursos públicos y que su gestión se ha enfrentado con firmeza a estructuras opacas. “He sido el impulsor de leyes para transparentar a Itaipú y Yacyretá. No hay una cosa más que pueda hacer en ese sentido”, afirmó.
Finalmente, lamentó que el pedido de intervención, lejos de ser celebrado como un acto de valentía institucional, haya sido politizado. “Yo pensaba que esto iba a ser el acto más aplaudido del año. No sé cómo los asuncenos vamos a pagar las cuentas con tantas irregularidades”, concluyó.
Periodista Senior