En varios países del mundo se miden los niveles de confianza en la sociedad en torno a cómo vemos a los que representan las instituciones y que nivel de certeza y confianza tenemos en las personas que están ocupando dichas instituciones.
Por ejemplo, en Chile, gran parte de la sociedad tiene un alto nivel de confianza hacia los carabineros, mucho más que otras instituciones, lo que demuestra que el nivel de confianza que han conseguido conquistar a lo largo del tiempo resulta ser un valioso recurso, a pesar de que el prestigio de los carabineros hayan quedado en entredicho en las últimas manifestaciones callejeras.
En nuestro país, sin embargo, no tenemos la misma sensación cuando vemos a un fiscal, a un juez o a un policía, o a alguien de Tributación. Inmediatamente desconfiamos de sus propósitos y, en lugar de darles la confianza debida, lo que tememos es que termine con nuestra vida o con nuestros bienes.
Hay que trabajar mucho para recuperar la confianza de estas instituciones, para hacer que los actos de fiscales, jueces, policías y todo funcionario público se adecúe a lo que realmente debe ser la tarea de servicio hacia el ciudadano. Si no confiamos en ellos, la hipótesis que se impondrá como tesis será simplemente buscar los mecanismos legales para hacer que se haga algo sin necesidad de que se cumpla lo adecuado en términos de legalidad y de protocolo.
