Uno de los capítulos que demanda una verdadera revisión es la reforma del poder judicial. Desde la forma transparente de como elegir a sus ministros, hasta la forma de gastar dinero, pero por sobre todo de gestionar justicia de forma correcta y no esta forma grosera, injusta y sin equidad que padecemos.
El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) ha establecido unos criterios desde la sociedad civil y ha hecho un llamado a la clase política en su momento a priorizar acciones tendientes a una reforma profunda del Poder Judicial, que no se limite al simple cambio de hombres y mujeres en sus cargos.
Vienen planteando debates dónde por ejemplo en este caso propusieron temas prioritarios en la agenda pública para iniciar la reforma judicial en el país, sobre la base de un abordaje estratégico basado en la institucionalidad.
Una solución podría ser, con todos los candidatos a la presidencia, incluir un documento que se comprometan a un “Pacto Social para la reforma integral, incluyendo a los demás poderes”. Esto requiere del concurso de los distintos sectores de la sociedad paraguaya, para llevar adelante la renovación de la composición y funcionamiento de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA que contemple los siguientes pasos:
1-Juicio político escalonado, como un mecanismo constitucional y democrático donde las responsabilidades individuales confirmen o remuevan a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
El desempeño de la Corte Suprema de Justicia en casos en los que ha sido evidente su intencionalidad política ha agravado aún más la desconfianza y el desprestigio social de la administración de justicia. Ello es un obstáculo para el desarrollo del sistema democrático y priva a la sociedad de un instrumento imprescindible para construir la paz social como es un Poder Judicial respetuoso. Debe renovarse, en consecuencia, esa credibilidad. Proponemos un método escalonado para que no se diluyan las responsabilidades personales de algunos magistrados y para que no se desvíe el eje del debate que debe estar centrado en las obligaciones claras y precisas de un juez imparcial e independiente, no sometido a los gobernantes de turno.
2-Separación de funciones Jurisdiccionales y Administrativas.
Muchos magistrados de la Corte Suprema le dedican más tiempo a cuestiones administrativas que al estudio de los casos. Además, ello genera amiguismo, nepotismo e impide la profesionalización de la administración de los tribunales, abriendo la puerta a quienes buscan el favor de la Corte antes que el cumplimiento eficiente de sus tareas.
3-Reducción de competencias de la Corte Suprema de Justicia.
Se necesita una Corte Suprema que se ocupe de los casos verdaderamente importantes, aquellos en los que está en juego interpretaciones constitucionales y tengan gravedad institucional. Una Corte Suprema de Justicia que no esté congestionada ni delegue el trabajo más importante en relatores, donde los magistrados deliberen verdaderamente como un cuerpo colegiado.
4-Elaborar un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia.
Dicho plan debe contener una propuesta global y concertada de reforma del sistema judicial, al punto de poder plantear reformas legales y hasta constitucionales. Este Plan Nacional de Reforma Integral debe contener propuestas de corto, mediano y largo plazo sobre lineamientos de acción del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura.
