Por Diva Ávila
Si bien existen datos y cifras estimativas, la magnitud de los estragos económicos que causará la pandemia a nivel mundial, regional e interno son todavía inciertos; pues todavía no tenemos ninguna certeza respecto del tiempo que el virus seguirá azotando al mundo, así como tampoco conocemos la cantidad y dimensión de posibles rebrotes.
En este sentido la necesidad de hacer un uso óptimo de los recursos públicos, hoy más que nunca es imperativa, y uno de los instrumentos más valiosos y efectivos para alcanzar dicho objetivo es a través de un régimen de contratación pública abierto, transparente y no discriminatorio.
Los ingentes esfuerzos de los gobiernos para adquirir bienes y servicios de óptima calidad a precios competitivos pueden verse truncados cuando dos o más proveedores u oferentes se ponen de acuerdo para fijar el precio, pactar tiempos y/o modalidades de entrega, repartirse el mercado o cualquier otra condición comercial que les permita obtener mayores beneficios dentro un concurso público.
Hay que tener presente que estos acuerdos afectan negativamente, no solo la gestión de la Administración en el uso de los recursos públicos, sino también lesionan a la competencia en los mercados de los bienes y servicios licitados, por lo que los ciudadanos nos vemos perjudicados doblemente: como consumidores, pues al reducir o perjudicar la competencia en el mercado, los precios se verán afectados de manera general; y como ciudadanos contribuyentes, al generarse un mayor coste en la contratación pública.
La aplicación oportuna de medidas preventivas y correctivas en los casos en que se demuestre la existencia de acuerdos o prácticas destinadas a perjudicar la competencia, es de gran relevancia para prevenir su consumación y consecuentes daños.
