Algunos querrían vernos batiendo palmas y celebrando la nueva ley de racionalización del gasto público, pero no vamos a hacerlo por dos razones: Primero, nuestra misión no es aplaudir una gestión por buena que sea. Gestionar bien es obligatorio para el servidor público. Segundo, tratándose de la administración de los bienes de la República, la experiencia nos dice que por buena que sea la ley, hacer mofa de ella está en el ADN de gran parte del funcionariado público.
Y si no, a las pruebas. La ley 5.295 “antinepotismo” está vigente desde hace más de seis años. ¿Se la cumple? Basta un repaso de las planillas del propio Congreso que la sancionó para comprobar que los honorables son los primeros en reírse de ella. Los siguiente son apenas un puñado de funcionarios de Diputados que entraron “en familia” a cobrar del PGN.
Capurro Guillén (3): Rodrigo (CI 2.270.093), Carlos Francisco (2.270.094) y Enrique (2.270.095); Acosta Vaccaro (2): Laura María (2.844.523) y María Eugenia (2.844.525); Riveros Lesmo (2): Blas Enrique (3.010.012) y José Guillermo (3.010.011); Rossi Flecha (2): Gabriela Carolina (3.455.948) y Patricia Lorena (3.459.337); Bogarín Campuzano (2): William Roberto (1.782.315) y David Damian (1.782.316). Esta es información pública, disponible en las web oficiales de ambas cámaras del Congreso.
De estas “perlas” están llenas las planillas salariales del Presupuesto General de la Nación. No sólo se toma personal cuya necesidad real -que responda a una función demandada- es más que dudosa, sino que las incorporaciones se hacen en familia, con salarios altos y, en algunos casos, sin contraprestación de servicio alguno.
Si en algo tan sencillo como la incorporación de personal el Gobierno es incapaz de aplicar un programa de búsqueda y análisis de la consistencia de cada nombramiento, cómo podrá hacerlo a través de una ley que tiene más excepciones que prohibiciones. Está probado que los enclaves de parásitos presupuestarios son campeones en crear urgencias, excepciones y excusas de todo tipo para sortear cualquier regulación legal.
Que nos disculpen pero no podemos ser optimistas. Si la burocracia enviciada con el PGN no trepida en burlarse de leyes antiguas y vigentes, qué no harán con la última promulgada por el Poder Ejecutivo.
