Diana Fátima Fernández Romero hizo pública una denuncia sobre presunta explotación sexual infantil que, según afirma, involucra a miembros de un mismo núcleo familiar. La denunciante asegura que los menores han sido víctimas de acoso sexual sin penetración y que la situación se ha prolongado durante décadas.
Fernández Romero relató que, aunque los niños y adolescentes afectados no se animaron a denunciar por temor, ella presentó la denuncia en su nombre. “Es el negocio familiar; a mí me hicieron inconsciente, me dormían, y a ellos los obligan conscientes porque así pagan más los clientes”, afirmó.
La ciudadana manifestó su preocupación por la supuesta inacción de las autoridades y de la Fiscalía, señalando que el caso cuenta con dos causas abiertas en las Unidades Especializadas del Ministerio Público (expedientes 1113/25 y 2837/25). Según Fernández Romero, los niños continúan en riesgo y no se les ha brindado la protección necesaria.
Fernández Romero indicó que, tras mucha insistencia, finalmente le dieron fecha para declarar ante la agente fiscal Johana Almada, pero denunció que su declaración no fue registrada completamente. “En la denuncia de la comisaría solo mencionaron hostigamiento, pero deberían haber ampliado los hechos”, explicó. La ciudadana también señaló que posee un audio de cuatro horas donde detalla los abusos sufridos y su insistencia para que se tomen en cuenta todos los elementos del caso.
La denunciante relató que fue víctima de acoso y abusos sexuales y que fue drogada con una sustancia potente que provoca pérdida de memoria por meses, información que, según ella, no es de conocimiento público. También aseguró que sus atacantes trafican con la droga. Por ello, solicitó una nueva fecha para ampliar su denuncia en la comisaría y evitar que se omitan detalles cruciales.
En su denuncia, pidió que se realicen pruebas físicas y psicológicas a los menores para garantizar su seguridad y bienestar, y solicitó que las investigaciones se agilicen y se otorgue la atención que el caso requiere.
El caso genera serias dudas sobre la respuesta institucional frente a denuncias de posible trata de personas y explotación infantil, subrayando la urgencia de proteger a los menores y de atender adecuadamente a las víctimas.
Hasta el momento, las autoridades del Ministerio Público no emitieron comentarios oficiales sobre el estado de las investigaciones.
Periodista Senior