El presupuesto general de la Nación (PGN), una vez vigente, debe ser cumplido sin interponer excusa alguna por parte de sus ejecutores competentes. La pregunta que surge de inmediato es: ¿Cómo se lleva a la práctica un PGN que ha sido artificialmente inflado por los políticos en medio de una campaña electoral que recién empieza en su capítulo de internas partidarias, para luego sumergirse en las generales?
Esta mala praxis legislativa se repite año tras año, y es la papa caliente que recibe el poder encargado de la administración de los asuntos de Estado.
Un servidor público medianamente capacitado y con voluntad de llevar a cabo lo mejor posible sus funciones se encuentra todos los años frente al mismo interrogante: ¿Cómo se cumple un ítem presupuestario si no hay manera de imputar el gasto porque la casilla de recursos está vacía?
La salida más habitual, en estos casos, es atrasar el pago de salarios o aumentar el endeudamiento con proveedores de bienes y servicios. Si es una obra, dejarla en el freezer. El resultado es una administración pública llena de deficiencias y con acumulación de deuda y con un resultado inevitable: un creciente mal humor en el personal de las oficinas afectadas.
Bajo estas condiciones, es inútil emprender cualquier reforma del Estado con algunas posibilidades de éxito. Todo el proceso de transformación del servicio público, de la A a la Z, debe marchar en paralelo a unos acuerdos básicos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, refrendados -y esto es esencial- por todas las corrientes políticas.
El compromiso debe ser de hierro y el principal de ellos, abstenerse de manipular el PGN por cuestiones de política coyuntural. Cualquier alteración de una partida presupuestaria, en especial las que incrementan los gastos, debe ser previamente consensuada.
Previendo esas contingencias, en algunos países -Chile y Uruguay, entre ellos- el Congreso puede aprobar o rechazar el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo pero no está entre sus competencias aumentar el cuadro de gastos remitido por el Poder Ejecutivo. La constitución sólo lo autoriza a disminuirlos.
Si aquí se intentara imponer esa modalidad, aplicada por dos democracias regionales indiscutibles, se hablaría de inmediato de dictadura presupuestaria ejercida desde el PE.
Jamás aceptaría el criollaje político bravío.
