El Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) estableció el 30 de noviembre de 2026 como fecha límite para continuar operando bajo las actuales condiciones financieras. La decisión fue adoptada durante una reunión general de sus asociados, en medio de reclamos por compensaciones pendientes, dificultades económicas y el deterioro de la infraestructura vial. El gremio advierte que, de no obtener respuestas del Gobierno, las empresas podrían abandonar la prestación del servicio.
¿Por qué Cetrapam fijó el 30 de noviembre como fecha límite?
La decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto entre los empresarios del transporte público y el Gobierno de Santiago Peña. Los operadores sostienen que las obligaciones financieras pendientes y las condiciones de prestación del servicio afectan la sostenibilidad económica de las empresas.
El presidente de Cetrapam, César Ruiz Díaz, cuestionó la respuesta de las autoridades y aseguró que el sector enfrenta una situación que ya no puede sostenerse bajo las condiciones actuales.
«Esta situación no va más. Estamos siempre en el barco de la mentira, con la mentira no se construye y el único sector que se critica es el nuestro, sin que se den cuenta de que lo que están haciendo mal son la gente del Gobierno», afirmó el dirigente empresarial.
La advertencia establece un plazo concreto para que las autoridades atiendan los reclamos. Sin embargo, el anuncio no implica una suspensión inmediata del servicio, sino la posibilidad de que los operadores dejen de prestar sus servicios si no se alcanza una solución antes de la fecha establecida.
Ruiz Díaz también aclaró que el planteamiento no debe interpretarse como una amenaza o un ultimátum, sino como una comunicación anticipada sobre la situación financiera que atraviesan las empresas.
¿Cuánto dinero reclaman los transportistas al Gobierno?
Uno de los principales puntos del conflicto es la existencia de G. 9.609 millones en compensaciones correspondientes a 2025, monto que Cetrapam reclama al Gobierno y que, según el gremio, permanece pendiente de regularización.
El transporte público metropolitano funciona bajo un esquema de regulación estatal que contempla tarifas definidas por las autoridades y subsidios destinados a cubrir parte de los costos operativos de las empresas habilitadas.
En este sistema, las compensaciones públicas constituyen un componente relevante de los ingresos de los operadores. Los atrasos en las transferencias pueden afectar el cumplimiento de obligaciones con proveedores, el mantenimiento de las unidades y otros compromisos financieros.
Los empresarios también reclaman una mesa técnica para revisar los criterios utilizados en el cálculo de las tarifas y las compensaciones, considerando los costos reales de prestación del servicio.
No obstante, el monto de G. 9.609 millones corresponde a una cifra expuesta por el sector empresarial. Su conciliación con los registros oficiales de pagos resulta necesaria para establecer el saldo definitivo y determinar las obligaciones efectivamente pendientes.
¿Por qué los empresarios plantean liquidar sus activos?
Además del reclamo por las compensaciones, César Ruiz Díaz planteó que las empresas podrían liquidar sus activos para cumplir con sus obligaciones financieras y permitir que otros operadores asuman la prestación del servicio.
«Es preferible liquidar los activos para honrar nuestros pasivos y que alguien preste el servicio, pero en estas condiciones es inadmisible», sostuvo el presidente de Cetrapam.
La declaración refleja que el conflicto no se limita a los pagos pendientes, sino que también involucra la viabilidad económica de las empresas que actualmente operan en el sistema metropolitano.
Desde el punto de vista empresarial, la liquidación de activos permitiría obtener recursos para afrontar deudas y compromisos. Sin embargo, la eventual salida de operadores no supone una transferencia automática de sus rutas a otras compañías, debido a los requisitos administrativos y regulatorios establecidos para la prestación del transporte público.
En caso de concretarse una devolución de concesiones o una salida de empresas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Transporte, tendría que intervenir dentro de sus competencias para gestionar la continuidad del servicio.
¿Cómo influye el estado de las calles en la crisis del transporte?
Otro de los cuestionamientos del gremio apunta directamente a las condiciones de la infraestructura vial del área metropolitana. Ruiz Díaz aseguró que el deterioro de las calles provoca daños frecuentes en los colectivos y aumenta los gastos de mantenimiento.
«Se imaginan lo que es prestar este servicio con las calles que tenemos, no hay infraestructura vial, todos los días rompemos los vehículos», expresó.
El estado de las vías constituye una variable importante en los costos operativos del transporte público. Los desperfectos mecánicos, las reparaciones y la inmovilización de unidades pueden representar gastos adicionales para las empresas.
La discusión incorpora así una responsabilidad que trasciende el esquema de subsidios y alcanza a las instituciones encargadas de la infraestructura vial, cuya conservación depende de las competencias correspondientes a las autoridades nacionales y municipales.
Para los operadores, el problema combina compensaciones pendientes, costos de mantenimiento y condiciones de circulación, factores que, según el gremio, dificultan la continuidad del servicio.
¿Cuántos buses y pasajeros podrían verse afectados?
La advertencia empresarial genera incertidumbre sobre la movilidad de miles de personas que utilizan diariamente el transporte colectivo para trasladarse a sus lugares de trabajo, centros educativos y establecimientos de salud.
Según estimaciones difundidas por el sector, aproximadamente 1.120 buses podrían verse afectados por una eventual decisión de los operadores. También se mencionan alrededor de 450.000 viajes diarios vinculados al sistema.
Estas cifras deben interpretarse como referencias sobre la dimensión potencial del conflicto y no como una confirmación de que todas esas unidades dejarán de circular a partir del 1 de diciembre.
Una reducción de la oferta de transporte podría incrementar los tiempos de espera, dificultar los desplazamientos entre Asunción y los municipios metropolitanos y generar costos adicionales para los usuarios.
El impacto también podría extenderse a las actividades comerciales y productivas, especialmente en sectores que dependen de la movilidad diaria de trabajadores.
¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno sobre la continuidad del transporte?
El sistema de transporte público metropolitano se encuentra bajo regulación estatal, con competencias de supervisión y fiscalización atribuidas al MOPC, mediante el Viceministerio de Transporte.
La Ley N.º 7617/2026, que introduce modificaciones al marco regulatorio del transporte terrestre, establece disposiciones relacionadas con la organización y prestación del servicio público metropolitano de pasajeros.
Dentro de este esquema, la eventual decisión de empresas privadas de abandonar sus operaciones plantea la necesidad de adoptar medidas administrativas para garantizar la continuidad del servicio y evitar afectaciones a los usuarios.
El conflicto también pone bajo examen la transparencia de los mecanismos de subsidio, la previsibilidad de los pagos públicos y la correspondencia entre los costos reconocidos por el Estado y los gastos operativos declarados por las empresas.
La sostenibilidad del sistema depende de un equilibrio entre la tarifa abonada por los pasajeros, los recursos presupuestarios destinados a compensaciones y las obligaciones asumidas por los prestadores.
En ese contexto, las diferencias entre el Gobierno y Cetrapam no constituyen únicamente una controversia empresarial, sino un problema de gestión pública que involucra recursos estatales y la prestación de un servicio esencial.
¿Qué deberá resolver el Gobierno antes del 30 de noviembre?
El plazo anunciado por Cetrapam coloca al Ejecutivo ante la necesidad de abordar los reclamos financieros y operativos planteados por los empresarios.
Entre los principales puntos pendientes figuran la regularización de las compensaciones reclamadas, la revisión de los criterios de cálculo de los costos del servicio y la apertura de una instancia de negociación técnica.
La posibilidad de devolver las concesiones continúa siendo una advertencia condicionada a la falta de respuestas. Hasta el momento, el anuncio empresarial no constituye una suspensión efectiva de las operaciones.
La discusión también exige determinar qué mecanismos podrían aplicarse si algunas empresas decidieran abandonar el sistema y cómo se garantizaría la cobertura de los itinerarios afectados.
El 30 de noviembre se convierte así en una fecha relevante para la relación entre los operadores y el Gobierno. El resultado de las negociaciones determinará si las partes logran establecer condiciones para mantener el servicio o si las autoridades deberán gestionar un escenario de reorganización del transporte metropolitano.
