El caso Metrobús cerró sin condenas mientras el Estado paraguayo ya afrontó millonarios pagos derivados del fallido proyecto.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú otorgó el sobreseimiento definitivo al exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y a la exviceministra Martha Benítez en el caso Metrobús, luego de que la Fiscalía concluyera que no existían elementos para sostener la acusación por lesión de confianza. La decisión reabre cuestionamientos sobre control estatal, responsabilidad institucional y costo económico del proyecto impulsado durante el gobierno de Horacio Cartes.
¿Por qué la Justicia cerró el caso Metrobús contra Ramón Jiménez Gaona?
La resolución judicial se produjo tras la audiencia preliminar encabezada por el magistrado Humberto Otazú, quien hizo lugar al pedido de los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti para extinguir el proceso penal iniciado contra las exautoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El Ministerio Público sostuvo que no existían pruebas suficientes para mantener la acusación por supuesta lesión de confianza ni para llevar el caso a juicio oral. Según los fiscales, no pudo acreditarse un perjuicio patrimonial concreto contra el Estado paraguayo, elemento considerado central para configurar ese hecho punible.
La Fiscalía argumentó además que las rendiciones de cuentas de los ejercicios fiscales fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas, y que la obra presentó avances certificados cercanos al 40%, supervisados por fiscalizadores internacionales.
La decisión significó un cambio sustancial respecto a la postura inicial del Ministerio Público. La primera fiscala de la causa, María Estefanía González, había acusado tanto a Jiménez Gaona como a Martha Benítez y había solicitado juicio oral.
¿Qué argumentos utilizó la Fiscalía para descartar daño patrimonial?
Durante la audiencia, los fiscales señalaron que el proyecto contaba con contratos vigentes, pólizas activas y obras efectivamente ejecutadas y certificadas.
Según la postura fiscal, esos elementos impidieron sostener jurídicamente la existencia de malversación o lesión patrimonial directa contra el Estado paraguayo. También remarcaron que las documentaciones presentadas por la defensa no permitieron demostrar apropiación indebida de recursos públicos.
El representante de la Procuraduría General de la República (PGR) se allanó igualmente al pedido de sobreseimiento definitivo y sostuvo que no existían fundamentos para afirmar que el Estado hubiese sufrido un daño patrimonial atribuible penalmente a los procesados.
La defensa de Ramón Jiménez Gaona y Martha Benítez acompañó la solicitud del Ministerio Público, consolidando un escenario procesal favorable para las exautoridades del MOPC.
El expediente tuvo además varios cambios de orientación durante su tramitación. Tras el requerimiento inicial de juicio oral, los nuevos fiscales solicitaron primero un sobreseimiento provisional y posteriormente impulsaron el sobreseimiento definitivo que terminó siendo admitido por el juzgado.
¿Cómo impacta el fallo sobre el debate institucional y la gestión pública?
El cierre judicial del caso vuelve a instalar cuestionamientos sobre los mecanismos de control estatal aplicados a grandes proyectos de infraestructura pública en Paraguay.
El Metrobús fue presentado durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes como una solución estructural para el transporte público del área metropolitana. Sin embargo, el proyecto terminó convertido en uno de los mayores fracasos de infraestructura urbana de los últimos años debido a retrasos, paralización de obras y conflictos contractuales.
El fallo judicial no elimina el impacto político y económico que dejó el proyecto. Sectores ciudadanos y analistas continúan señalando deficiencias en planificación, coordinación institucional y fiscalización estatal durante la ejecución de la obra.
Entre los principales puntos cuestionados aparecen:
- falta de continuidad técnica y administrativa;
- debilidades en gestión contractual;
- impacto económico sobre comerciantes y ciudadanía;
- deterioro de confianza en proyectos públicos;
- costos internacionales asumidos por el Estado.
El caso también refleja las dificultades históricas del país para desarrollar grandes proyectos de transporte urbano bajo esquemas sostenibles y con estabilidad jurídica.
¿Qué ocurrió con la condena internacional relacionada al Metrobús?
Más allá del desenlace penal local, el Estado paraguayo ya enfrentó consecuencias económicas derivadas del conflicto contractual con la empresa portuguesa Mota-Engil, encargada de las obras.
Un tribunal arbitral internacional condenó a Paraguay a pagar una millonaria suma a la firma tras considerar que el Estado incurrió en incumplimientos y actuaciones indebidas durante el desarrollo del proyecto.
Según los antecedentes del arbitraje, el retraso de las obras alcanzó aproximadamente 691 días. El tribunal reconoció parcialmente los reclamos de la empresa y determinó responsabilidades estatales vinculadas a demoras e incumplimientos procesales.
Hasta diciembre de 2023, la deuda acumulada con intereses ascendía a cerca de US$ 16 millones, aunque el Estado paraguayo ya había desembolsado previamente alrededor de US$ 27 millones vinculados al caso.
La situación generó fuertes críticas sobre capacidad de gestión pública, previsibilidad contractual y seguridad jurídica en proyectos de infraestructura financiados con recursos estatales e inversión internacional.
¿Qué escenario político deja el caso Metrobús para futuras obras públicas?
El expediente judicial también mantiene implicancias políticas debido a que los fiscales imputaron posteriormente al exministro del MOPC y actual precandidato presidencial Arnoldo Wiens, cuya situación procesal continúa pendiente.
El desenlace parcial del caso ocurre en un momento en que Paraguay busca fortalecer su imagen internacional en materia de inversión, infraestructura y ejecución de obras públicas estratégicas.
Especialistas sostienen que el país enfrenta el desafío de mejorar sistemas de control, planificación y transparencia para evitar nuevos litigios internacionales vinculados a megaproyectos estatales.
El caso Metrobús continúa siendo observado como un símbolo de las dificultades estructurales del Estado paraguayo para ejecutar proyectos urbanos complejos sin derivar en conflictos judiciales, arbitrajes internacionales y elevados costos económicos para el sector público.
Periodista Senior