Demanda ciudadana rumbo a elecciones municipales
A estar por lo expresado por un referente de la Justicia Electoral, postergar las elecciones internas partidarias o generales municipales no tendría razonabilidad alguna y, en su lugar, propone una profunda renovación de liderazgos en los partidos políticos, tanto los que tradicionalmente se reparten las mayores tajadas de la torta electoral como las organizaciones menores que pujan por mejorar su participación.
Este es un tema no menor en el quehacer político del Paraguay post dictadura. Hacia mediados de los noventa, cuando la vida democrática luchaba por afianzarse, ya había una preocupación seria por la calidad de la representación popular en el Congreso y en las juntas municipales, que son los espacios naturales en los que se dirimen las grandes controversias dentro del marco constitucional.
El siglo XXI no trajo perspectivas de mejoramiento del proceso. En su lugar, el ciudadano se enfrenta con demasiada frecuencia a verdaderos dilemas éticos al tener que optar, obligatoriamente, entre candidatos a cargo electivos que arrastran tras de sí gruesos expedientes judiciales por los más diversos delitos, la mayor parte de ellos, vinculados a actos tales como lesión de confianza, malversación del patrimonio público, uso indebido de influencias, peculado, nepotismo y toda la amplia variedad de inconductas que transforman a un candidato político en un simple delincuente enriquecido con actos de robo simple o agravado, en asociación para delinquir y figuras por el estilo consagradas en el Código Penal.
Pero como según el Código Electoral, a nadie se le puede impedir aspirar a un cargo público salvo delito comprobado, con sentencia firme y ejecutoriada, las candidaturas -a veces verdaderas galerías de hampones- corren sin problemas.
Algunos países han intentado abrir este cerrojo. El Brasil, por ejemplo, rige la ley de “ficha limpia”, que impide que un condenado en dos instancias corra como candidato a un cargo electivo.
La primera condena resonante alcanzó a Luis Inacio Lula daSilva, condenado a 12 años de prisión por el caso Lavajato, sentencia confirmada en segunda instancia por unimidad. Pero en marzo pasado, un juez del Tribunal Federal anuló todas las sentencia y Lula quedó de nuevo en carrera electoral.
Un proyecto similar duerme en el Congreso y acaso jamás despierte.
Una joda total.
