Ayer la Cámara de Senadores postergó el tratamiento del protocolo internacional para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco por dos semanas, que fue adoptado en Seúl, Corea, el 12 de noviembre del año 2012 durante una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los congresistas alegaron falta de tiempo y el presidente de la Unión de Tabacaleras del Paraguay y de Tabacaleras del Este, José Ortíz, remitió una nota al presidente del Congreso, Oscar “Cachito” Salomón, solicitando que rechacen la iniciativa argumentando que este castiga a los negocios legales y promueve lo ilegal.
Este proyecto ya había sido remitido en el año 2018 por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a pedido de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS.
El senador de la bancada del Frente Guasú, el doctor Jorge Querey, explicó que el cáncer de pulmón junto con el de próstata son las causas más importantes de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares y que este se ve en los fundamentalmente varones e indicó que en una tasa progresiva está casi equivalente este grupo con el de las mujeres. “Esto está en abierta vinculación con la tasa de fumadores”, aseveró.
Expuso que el negocio del tabaco es una industria poderosa a nivel mundial y que tuvo una gran ofensiva con respecto a ser un lobby político y constituirse en un grupo fáctico de poder a nivel mundial. “Se trata de un negocio muy lucrativo”, declaró.
Mencionó que, en cuanto al comercio ilegal del cigarrillo, tuvo una explosión en los últimos años y que tuvo índices multimillonarios de utilidades a través del tráfico ilegal del tabaco y sus derivados.
“Este tráfico ilegal conlleva una serie de situaciones colaterales dentro del ámbito penal y el fiscal. Dentro del primero, existen verdaderas organizaciones criminales que se articulan para el trafico ilegal de los derivados del tabaco”, expresó.
Manifestó que las rutas del tabaco y sus derivados, en general y a nivel mundial comparten las redes de tráfico de otros elementos, como estupefacientes, armas, personas, incluso poseen una vinculación con el terrorismo internacional en muchos casos.
“Paraguay no está ajeno a esto. Existe una ruta en el norte y paralelo al río Paraná que comparte el tráfico de diferentes sustancias como droga, cigarrillo, armas, cocaína, etc. Esto está amplia y fehacientemente demostrado”, resaltó.
Determinó que el tráfico no es exclusivo de Paraguay, sin embargo, siendo un país bastante pequeño en el contexto internacional, ocupa una tasa casi tan alta como el 10% del tráfico ilegal de cigarrillos a nivel mundial. “No es poco, hay denuncias permanentes con respecto a esto”, comentó.
Aseguró que el protocolo se genera como una manera de establecer reglas prácticas fundamentalmente para el diagnóstico de la fabricación, la comercialización, el tránsito, los usuarios finales, la cuestión fiscal, porque esto también permitió una amplia evasión fiscal a nivel mundial.
EL PRESIDENTE DE LAS TABACALERAS
Respecto al pedido de José Ortíz, presidente de la Unión de Tabacaleras del Paraguay y de Tabacaleras del Este, perteneciente al grupo Cartes, el senador precisó que el mismo está en su papel y que reconoce la gran presión que ejerce la industria tabacalera, no solamente negando los efectos de la salud, sino que tratan de presentar a la industria como un éxito, cuando es sabido que buena parte de la producción nacional de tabaco sale del contrabando.
Garantizó que están discutiendo fuertemente el contrabando que viene de la Argentina y que Paraguay no está colaborando en fortalecer las reglas internacionales de juego y que cuando fortalezcamos las reglas jurídicas internacionales podremos establecer una serie de medidas en el concierto de las naciones y que este es un intento categórico de debilitar eso, lo cual produce una vulnerabilidad muy grande.
“José Ortíz es una persona que niega categóricamente todos estos efectos de la seguridad jurídica y la salud pública de nuestro país, lo que es el concierto internacional de las naciones en el ámbito del cambio comercial y de los perjuicios que nos está produciendo a partir de esta situación”, opinó.
Subrayó que nadie desconoce que muy buena parte de los cigarrillos producidos en el país por algunas de las fabricas salen en forma de contrabando y que, para ello, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y el Ministerio Público deberían de tener una posición más clara y de investigación. “El problema es que responden a los intereses estos grupos facticos”, puntualizó.
Asimismo, el senador de la bancada liberal, Salyn Buzarquis, sostuvo que este protocolo perjudicará al negocio tabacalero pero que el Estado debe velar por la salud pública y no por la salud financiera de los tabacaleros. “No puede primar un interés comercial por encima de la salud del pueblo paraguayo”, sentenció.
Remarcó que este negocio es bastante grave y que el contrabando de cigarrillos utiliza la misma ruta que el narcotráfico, del lavado de dinero.
Explicó que esta ley busca la trazabilidad del cigarrillo y que, de lograrse, se sabrá exactamente la cantidad de cigarrillos que se produce, cuál es el mercado, quienes son los compradores, cómo se controla lo financiero, la red de distribución, si es proporcional al mercado nacional y a qué mercado va.
“Yo no creo que José Ortíz sea muy generoso y esté preocupado por otras tabacaleras, esto les afecta a ellos, es un negocio multimillonario y acá en el Paraguay la concentración excesiva del dinero en manos de unos pocos hace que hoy controlen la política paraguaya. Manejan la justicia, jueces, fiscales, la policía y tienen sus empleados en el parlamento nacional también”, concluyó.
