Para tener una idea de la magnitud del robo perpetrado en las adquisiciones públicas con vistas a la emergencia sanitaria, pongamos el foco en la compra sobrefacturada de ventiladores pulmonares recién descubierta. Este es un punto particularmente delicado porque se trata de aparatos de alta tecnología, con accesorios altamente vulnerables y de mantenimiento considerablemente caro.
Son auxiliares de la medicina que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte porque ayudan al enfermo a respirar por encima de las barreras impuestas por el virus chino. Aun así, por muy bueno que sea el instrumento, muchas vidas pueden escapárseles de las manos a los médicos.
La conclusión inevitable en esta reflexión es que el Estado y quienes administran sus finanzas deben poner el mayor cuidado en la incorporación de un instrumental tan delicado. Quienes conocen el tema, en especial los especialistas en terapia intensiva, ponen énfasis en que la incorporación de un ventilador pulmonar de alta tecnología no se agota en la compra del aparato sino que implica su incorporación a los sistemas de terapia, su operación y mantenimiento.
Existen partes del instrumento -circuitos respiratorios y accesorios desechables entre ellos- algunas de las cuales deben ser cambiadas una vez por semana para garantizar la perfecta asepsia y funcionamiento eficiente del aparato, sin contar con el mantenimiento anual y, por supuesto, la dotación de personal de alta y costosa especialización.
Si el Estado pagó 260 millones por un instrumento que en promedio costaría unos Gs. 130 millones, estamos hablando de valiosos recursos que se escamotean al mantenimiento de estos invaluables auxiliares tecnológicas de la medicina de alta complejidad que requiere la atención de pacientes del COVID19.
A riesgo de extremar y simplificar el análisis, diremos que quienes perpetraron –o intentaron hacerlo- el robo denunciado sobre la compra de ventiladores pulmonares debieran cargar con la responsabilidad de las muertes ocurridas por falta de dichos aparatos. Y aquí es preciso aclarar esto: tan criminal es el puñado de acaparadores de licitaciones como la red interna del Estado que los alimenta y los protege.
No se trata sólo de sobrefacturar compras sino también de poner vidas en peligro. Si el robo es execrable, arriesgar vidas es intolerable.
