martes, septiembre 8

ANDE prepara primera licitación para comprar energía privada

La ANDE prepara para octubre el primer pliego para comprar 140 MW de energía solar al sector privado, mediante leasing, en una operación que busca ampliar la oferta eléctrica y atraer inversiones. El proceso, coordinado con la DNCP, constituye la primera experiencia de compra de generación privada por parte de la estatal y se vincula con una reforma más amplia del mercado eléctrico.

¿Qué comprará la ANDE al sector privado?

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) prepara su primera licitación para adquirir energía generada por empresas privadas. El objetivo inicial es contratar 140 MW de energía fotovoltaica bajo una modalidad de leasing, con un pliego que, según el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, estaría terminado hacia fines de octubre.

La operación representa un cambio en el esquema tradicional del sistema paraguayo. La generación eléctrica del país ha estado históricamente vinculada a las grandes centrales hidroeléctricas y a la participación de la ANDE como actor central del sistema. Ahora, el Gobierno busca incorporar generación privada para complementar la oferta y atender las necesidades crecientes de inversión.

La experiencia también tendrá un componente institucional relevante. Al tratarse de la primera adquisición de este tipo por parte de una entidad pública, la ANDE trabaja con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en la preparación del proceso licitatorio.

¿Por qué Paraguay busca incorporar generación privada?

La discusión parte de una necesidad concreta: aumentar las inversiones en infraestructura eléctrica. Según lo expuesto por el viceministro Mauricio Bejarano, las inversiones que actualmente ejecuta la ANDE cubren aproximadamente 20% de las necesidades nacionales en materia de transmisión y distribución.

Esto coloca al sector privado como una de las alternativas para ampliar la capacidad de inversión. El desafío no está únicamente en producir más electricidad, sino en desarrollar simultáneamente las redes necesarias para transportar y distribuir esa energía.

La incorporación de 140 MW solares constituye, en ese sentido, una primera prueba para determinar cómo puede funcionar un esquema de contratación de generación privada dentro del Sistema Interconectado Nacional. Si el mecanismo resulta operativo, podría convertirse en una referencia para futuras inversiones en generación renovable.

El impacto potencial también alcanza al sector productivo. Una mayor disponibilidad de energía y una red con capacidad suficiente pueden facilitar nuevas inversiones industriales, especialmente en actividades con elevado consumo eléctrico. Sin embargo, la incorporación de nueva generación no elimina por sí misma las restricciones existentes en transmisión y distribución.

¿Qué cambios legales permiten esta apertura?

El proceso se desarrolla después de la reglamentación de la Ley N.º 7599/25, que estableció un régimen para la generación de electricidad mediante fuentes renovables no hidráulicas.

La normativa contempla mecanismos para la autogeneración, cogeneración y generación distribuida, además de establecer condiciones para la eventual inyección de excedentes al Sistema Interconectado Nacional. Con su reglamentación, el Ejecutivo creó el marco para que nuevos actores puedan participar en actividades de generación eléctrica.

A esto se suman tres resoluciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que, según Bejarano, destrabaron aspectos normativos necesarios para avanzar con la primera compra de energía privada.

La importancia de este proceso está en que Paraguay no está planteando únicamente una nueva licitación. El Gobierno está construyendo las condiciones regulatorias para que la generación eléctrica pueda incorporar progresivamente más capital privado.

¿Cómo cambiaría el papel de la ANDE en el mercado eléctrico?

La apertura de la generación privada forma parte de una discusión institucional más amplia. El Poder Ejecutivo analiza la creación de un Ministerio de Minas y Energía, que concentraría la conducción de la política energética y tendría bajo una coordinación más amplia a instituciones como la ANDE, Petropar, Itaipú y Yacyretá.

Al mismo tiempo, se plantea crear un ente regulador del sistema eléctrico. La propuesta busca separar las funciones de regulación y arbitraje de aquellas vinculadas con la operación y participación en el mercado.

Este punto es particularmente relevante porque la ANDE actualmente concentra distintas funciones dentro del sistema eléctrico. Una eventual separación entre regulación, operación y participación comercial modificaría la estructura institucional del sector y podría establecer reglas diferentes para futuros actores privados.

Los proyectos todavía se encuentran en etapa de revisión. La Mesa Energética Nacional resolvió extender por 10 días el plazo para que las partes interesadas analicen las propuestas.

¿Qué oportunidad abre la energía solar para los inversores?

La primera licitación por 140 MW puede funcionar como una señal para empresas interesadas en desarrollar proyectos de generación renovable en Paraguay. La modalidad de leasing, además, plantea una estructura diferente a la de una simple compra de infraestructura: la ANDE contrataría el suministro asociado a una instalación privada bajo las condiciones establecidas en el proceso.

Para los inversores, uno de los puntos determinantes será la previsibilidad del marco regulatorio. La existencia de reglas claras para generación, conexión, comercialización e inyección de excedentes será relevante para calcular el retorno de los proyectos.

La discusión también está relacionada con el clima de inversión. Paraguay dispone de una matriz eléctrica dominada por la generación hidroeléctrica, pero enfrenta el desafío de absorber una demanda creciente y, al mismo tiempo, desarrollar infraestructura suficiente para utilizar esa energía.

La incorporación de capital privado puede reducir parte de la presión financiera sobre la inversión pública, aunque no sustituye la necesidad de que el Estado continúe ampliando las redes de transmisión y distribución.

¿Qué falta definir antes de cambiar el esquema eléctrico?

Uno de los elementos todavía abiertos es el pliego de la licitación. Allí deberán establecerse las condiciones técnicas, económicas y contractuales que determinarán qué empresas podrán participar y bajo qué parámetros la ANDE adquirirá la energía.

También permanece abierta la discusión sobre el pliego tarifario técnico de la ANDE. Según explicó Bejarano, su revisión todavía está vinculada a las negociaciones entre Paraguay y Brasil sobre la tarifa de la energía de Itaipú, cuyo acuerdo vigente contempla el periodo 2026.

Esto significa que la transformación del sistema eléctrico avanza por varios frentes simultáneamente: incorporación de generación privada, nuevas reglas para energías renovables, reorganización institucional y revisión de las condiciones económicas del sistema.

La licitación por 140 MW será, por tanto, una primera prueba concreta de ese proceso. Su resultado permitirá observar si el nuevo marco consigue atraer inversión privada y sumar generación sin trasladar al Estado los riesgos que corresponden a los nuevos participantes del mercado.

¿Puede la ANDE convertir esta primera licitación en un nuevo mercado energético?

La compra de 140 MW solares será pequeña frente a las necesidades estructurales del sistema, pero institucionalmente puede tener un alcance mayor. Por primera vez, la ANDE se prepara para contratar generación proveniente directamente del sector privado bajo un proceso público.

El desafío será transformar esa experiencia piloto en un mecanismo previsible para futuras inversiones, manteniendo al mismo tiempo reglas de competencia, seguridad jurídica y control público.

Para Paraguay, la discusión energética empieza así a desplazarse desde la disponibilidad de grandes volúmenes de generación hidroeléctrica hacia una pregunta diferente: cómo financiar, regular y conectar la nueva capacidad que necesita la economía. La respuesta dependerá tanto de la inversión privada como de la capacidad del Estado para modernizar las instituciones y las redes que sostienen el sistema.