Mario Abdo Benítez, presidente de la República vetó el proyecto de ley que buscaba evitar hacer públicas las declaraciones juradas y despenalizar el falseamiento de su contenido. El decreto del veto fue el 3708 y la ley en cuestión es la 5033/2013.
Ezequiel Santagada, director del instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), uno de los organismos que buscaron desde el inicio la transparencia de las declaraciones, advirtió que no descarta otras acciones de los legisladores para volver a hacer reflotar el cuestionado proyecto.
Esto, atendiendo a la violación del artículo 248 de la Constitución Nacional que trata sobre la independencia del Poder Judicial que incurrieron los legisladores el pasado jueves 11.
“Pueden presentar un nuevo proyecto de ley o básicamente intentar un juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia que aprobaron el fallo de hacer públicas las DDJJ. Son algunas hipótesis”, expresó.
Santagada considera clave que el Senado apruebe el veto del Ejecutivo. Porque, en caso contrario, y si se alcanzan los 23 votos en la Cámara Alta para el rechazo del veto, el documento pasará a Diputados donde sobran votos y terminará finalmente promulgado el cuestionado proyecto de ley.
“Hoy no hay los votos pero no hay que descartar nada. Hay que de igual manera hacer una presión ciudadana para que no rechacen el veto”, recomendó.
En caso de que el Senado no cuente con los 23 votos para el rechazo, el proyecto de ley se aplazará durante un año. Es decir, en Julio del 2021, los legisladores nuevamente podrán plantear este mismo documento.
MIEDO
Explicó que el temor de los legisladores de hacer públicas y penalizar sus DDJJ es porque existen altas posibilidades que en efecto ya existen serias irregularidades en las declaraciones que ya presentaron.
“Si los errores son leves como un auto que ahora se tiene y antes no lo tenía puede ser corregido sin inconvenientes. Pero si se trata de por ejemplo una estancia que posee un legislador ‘y se olvidó de declarar’, ahí ya es otra cuestión. Hay cosas justificables pero otras no”, explicó finalmente.
Ezequiel Santagada.
