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Abogado denuncia escuchas ilegales

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El abogado Édgar Arias denunció que el Ministerio Público acusó a su defendida, Isaura Sanches Freitas, con pruebas ilegales. La mujer, oriunda de Pedro Juan Caballero, en el Departamento de Amambay fue acusada por tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.

El contexto es el siguiente; la Policía Federal del Brasil ingresó a territorio paraguayo en el 2018 para pinchar celulares, realizar tomas fotográficas de documentos privados (facturas de ANDE, ESSAP, contratos privados, etc.) y realizar mapeo de inmuebles. Esto, sin ninguna autorización del Congreso Nacional que es la única que puede autorizar estos operativos.
El caso es contra Robson Alcaraz Ajala, la pareja sentimental de Isaura Sanches Freitas. El mismo fue declarado en rebeldía actualmente.

Los agentes fiscales del vecino país tampoco tenían ninguna orden judicial de un juez paraguayo ni federales de su país. Sin embargo, los agentes fiscales locales, presentaron estos insumos como pruebas. A pesar de que la Policía Federal las obtuviera de manera ilegal.
El argumento del Ministerio Público es que los pinchazos están avalados bajo una Cooperación Jurídica Internacional. No obstante, el artículo 4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Viena) menciona que un Estado parte no podrá ejercer en territorio de otro Estado, funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

“Lo que pasó fue lo siguiente, mi defendida señaló a Robson vía mensajes que debía pagar las facturas de la ANDE del sitio donde se cometía el ilícito. Por este hecho los fiscales afirman que tenía pleno conocimiento y participación”, expresó el abogado.

DENUNCIA CONTRA FISCALES
Por este motivo, el letrado y Sanches Freitas presentaron una denuncia formal contra los fiscales del caso; Ysaac Ferreira, Fabiola Molas Alcaraz, Eduardo Royg y Deny Yoon Pak, todos fiscales especializados en la lucha contra el narcotráfico.

Los hechos punibles por los que fueron acusados son: producción de documentos no auténticos, manipulación de grafitaciones técnicas, alteración de datos relevantes para la prueba y persecución de inocentes.
Lo llamativo es que Sandra Quiñónez, fiscal general, remitió la denuncia al fiscal adjunto antidrogas Marcos Alcaraz para que le investigue, siendo que pertenece a la misma unidad que los acusados. Un fiscal de una unidad ordinaria debía realizar las investigaciones. Esta situación resta objetividad en el análisis.

ACTUALIDAD
El próximo martes 26 de octubre se desarrollará la audiencia preliminar. En el jurado se pidieron copias de la carpeta fiscal para que se pueda analizar.

Las intercepciones de las conversaciones de WhatsApp, todos del año 2018, sin autorización judicial.

La autorización que se le dio a la Policía Federal en enero de 2019. Dejando constancia el juez federal que no podían interceptar conversaciones de WhatsApp.

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