Algo no funciona en el control de calidad de la gestión gubernativa.
Hay algo que no está funcionando en el sistema de control de calidad de la gestión pública, si es que existe esa instancia.
Días atrás rechazábamos frontalmente el hecho de que personal administrativo de la Justicia Electoral se dedicara a limpiar paredes de toda la porquería propagandística con la que ya están ensuciando la ciudad los políticos en campaña.
Ahora vemos que la Policía Nacional destaca personal para otra tarea de limpieza, la mugre que dejan los colectivos sociales, o lo que sean, que se apropian de plazas céntricas para acampar allí dejando sus deposiciones, escombros, restos de carpas y desperdicios de todo tipo.
¿Qué pasa, le sobra personal a la Policía como para distraerlo en estas ocupaciones para las cuales seguramente no fue entrenado en la escuela de la institución? ¿No hay rateros, descuidistas y peajeros que perseguir por ahí? ¿Está de vacaciones el crimen organizado al punto que los policías se aburren sin hacer nada y se dedican a revolear escobas limpiando plazas?
Sería bueno que alguien, en el Gobierno, uniera con flechas estos episodios y sacara algunas conclusiones sobre eso de racionalizar el uso de las recursos públicos provenientes de los impuestos que paga el ciudadano.
Por ejemplo, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) se propone gastar más de Gs. 17.000 millones en la contratación de un servicio privado de seguridad. ¿Tanto tienen que custodiar? Uno pensaría que los Gs. 1.900 millones que figuran en el presupuesto de la entidad bajo el rubro de “servicios de vigilancia” deberían alcanzar. Pero no. En 2021 se fumaron en ese concepto más de Gs. 11.200 millones y ahora necesitan Gs. 6.000 millones más. ¿Quiénes harán vigilancia, los de Scotland Yard, el FBI?
Entonces, sin ponernos demasiado creativos, diremos que en lugar de ir a juntar las porquerías que dejan los manifestantes en las plazas del centro cívico, los policías podrían honrar su profesión custodiando el SNPP, que para eso los han preparado. Claro que eso significaría escamotear a algún empresario de la seguridad un contrato jugoso. Puede ser, pero en el sector privado también se necesita seguridad. Claro que allí se exige calidad y precio en la prestación de servicio. No hay compinchismo político que acomode licitaciones.
Lo dicho. Algo no funciona en el control de calidad de la gestión pública.
