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A diferencia de Paraguay, Uruguay y Costa Rica sí hacen bien las cosas

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Uruguay y Costa Rica son los países de América Latina con mayor capacidad para identificar y castigar la corrupción, según un informe que dibuja un «panorama heterogéneo» en la lucha contra los abusos de la gestión pública en la región y destaca retrocesos en México y Brasil.

Los últimos tres países del ránking latinoamericano elaborado por el laboratorio de ideas Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks son Guatemala, Bolivia y Venezuela, en las mismas posiciones que ocupaban en el listado de 2021.

Esta es la cuarta edición de un estudio que puntúa a los Estados en función de variables como la independencia de sus instituciones judiciales, la influencia del periodismo de investigación y los recursos dedicados a combatir la corrupción.

A pesar de una caída de casi el 5 % en su puntuación global, Uruguay volvió a ocupar la primera posición del índice, que ha mantenido desde 2020.

La puntuación del país (un 7,42 sobre 10) desciende este año en aspectos como la eficacia de sus organismos anticorrupción y los recursos disponibles, pero aún así supera la media regional en todas las variables analizadas gracias a sus «instituciones independientes, su activa sociedad civil y sus sólidas credenciales democráticas», recalca el informe.

«Culturalmente, Uruguay tiene algunas diferencias con otros países de América Latina. Se percibe que la sociedad uruguaya es mucho más combativa con la corrupción», señaló a Efe Silvana Amaya, analista sénior de Control Risks.

Costa Rica (7,11) registró un crecimiento general del 10 % con respecto al año anterior, superando a Chile (6,88) por primera vez en el ránking. El país experimentó una «mejora moderada» tanto en la categoría de «capacidad legal» contra la corrupción como en la de «democracia e instituciones políticas».

La República Dominicana fue el país que vio la mayor mejora en su puntuación (5,19) y registra una trayectoria ascendente en los dos últimos años.

«República Dominicana es un caso de éxito que nos ha llamado mucho la atención», subraya Amaya, que detalla que el acceso público a la información y la transparencia del Gobierno han mejorado particularmente en el país.