La situación económica del país no está nada bien, y a nivel global tampoco.
Cuando vemos que hay alguna propuesta de reducir el IVA en las compras de productos en supermercados, y que puedan ser deducibles, hablamos de alguna forma de alivianar el costo de vida y la presión que esto supone sobre el Estado.
El Ministerio de Hacienda se queja diciendo que va a dejar de percibir US$ 100 millones al año, lo que no vemos, para nada, es que el Estado tenga algún plan de reducir el supernumerario conjunto de empleados públicos que cada vez hacen más costosos obtenerlos a través de nuestros impuestos, el 58% de ellos solamente para pagar el salario de este innumerable conjunto de ciudadanos que no tienen ninguna razón para estar en esos lugares, ni representa para nada una inversión de parte de los mandantes.
Durante la pandemia sólo trabajaron 100.000. Doscientos cincuenta mil se quedaron en sus casas y el Estado funcionó perfectamente.
Se amagó con una reforma del Estado, pero no se llevó adelante. Fue solamente para demostrar a la gente que algo debían hacer para con ellos aunque después nada hicieron.
La reducción del tremendo gasto público, la increíble corrupción interna que se calcula en casi US$ 2.000 millones anuales, son las razones principales por las que la economía en su conjunto no puede seguir aguantando en este ritmo, y que en algún momento habrá una explosión social como en Ecuador, donde la gente salga a la calle y diga “basta ya con este tipo de abusos”.
