Cuando peticionar a las autoridades se transforma en caos
La demanda a las autoridades ante un servicio mal prestado, una obra no construida o un principio conculcado es un derecho ciudadano de rango constitucional. Se lo ejerce con un planteo escrito, con presión ante los órganos legítimos de representación popular, la formación de un movimiento o un partido político, materializando la iniciativa popular individual o colectiva y, si ninguno de esos canales mueve al poder político, con manifestaciones desarrolladas en los espacios públicos.
El ejercicio de este derecho tiene, sin embargo, su marco regulatorio. La acción de “volcarse a las calles” busca un efecto directo en las autoridades esperando que, por temor a un deterioro de su capital electoral, el Gobierno opte por poner atención a la demanda y satisfacerla en forma apropiada. Estos son los límites dentro de los cuales debe expresarse la petición a las autoridades, es decir, preservando el derecho de terceros y la intangibilidad de la propiedad pública y privada.
Sin embargo vemos cada vez con más frecuencia cómo se malversa este derecho constitucional a través de atropellos al orden público que deriva en un auténtico sabotaje e interferencia al complejo funcionamiento de la economía con impacto directo en todos los niveles sociales.
El Gobierno está demostrando una considerable lenidad en el tratamiento de estos excesos. Confunde respeto al derecho a la protesta con descontrol. Le cuesta imponer el principio innegociable de que la vía pública debe permanecer transitable todo el tiempo y que interrumpir la circulación va contra la ley de transito que en su articulo segundo asigna al Estado la misión de preservar la circulación en calles y rutas, los valores patrimoniales públicos y privados vinculados al mismo, el medio ambiente circundante además de contribuir a la preservación de la seguridad y el orden públicos.
Para mañana jueves 9 está convocada una concentración en la cabecera del Puente Remanso. Propósito: exigir la pavimentación de la ruta XII, que corre paralela al rio Pilcomayo. La iniciativa es legítima, pero dejaría de serlo si el tránsito por este paso clave que conecta ambas regiones es bloqueado. Es deber del Gobierno prever que eso no ocurra, tomar nota de lo que exigen los manifestantes y encarar con seriedad una obra a todas luces imprescindible.
